Ecuador revela tortura y muertes en centros ilegales de desintoxicación

El Gobierno de Ecuador reveló hoy la existencia en este país de una red de centros clandestinos de desintoxicación y otros que ofrecen "curar la homosexualidad", en los que se practican actos de tortura e incluso se han producido dos muertes durante el último año.

El Gobierno de Ecuador reveló hoy la existencia en este país de una red de centros clandestinos de desintoxicación y otros que ofrecen "curar la homosexualidad", en los que se practican actos de tortura e incluso se han producido dos muertes durante el último año.

En el transcurso de una rueda de prensa, celebrada hoy, la ministra de Salud Pública, Carina Vance, confirmó que han sido hallados establecimientos en los que se intenta la "deshabituación"de la homosexualidad y en los que violaciones y agresiones formarían parte de pretendidas "terapias".

Durante 2012, en Ecuador se concedió la autorización de apertura a 123 centros, pero se estima que entre setenta y ochenta más podrían operar de forma ilegal y lucrarse del internamiento de personas que, en muchos casos, han sido llevadas a ellos de manera forzosa.

Su departamento ha intervenido desde 2012 en 18 centros, cinco de los cuales fueron clausurados definitivamente, detalló la ministra, quien confirmó que en 15 de ellos se cometían supuestas violaciones de derechos humanos y en tres se denunciaron malas condiciones sanitarias.

En dos de esos dieciocho casos, murieron dos jóvenes internados en centros en Machala (provincia de El Oro) y Guayaquil (provincia de Guayas).

El uso de agua helada, agresiones físicas, violaciones en casos de homosexualidad y dopaje son algunas prácticas utilizadas como "terapia"en los centros, indicó la titular de Salud Pública, quien precisó que estas acciones no pueden formar parte de tratamiento alguno "bajo ninguna mirada".

"No son casos aislados", sino "una mafia"o "una red nacional"que opera en diferentes provincias del país y que está "vulnerando derechos humanos"de ciudadanos ecuatorianos, aunque también hay víctimas extranjeras, dijo.

La Policía busca desde hace un mes a una mujer llamada Sara S., quien efectuó una "llamada desesperada"para denunciar que la iban a internar en uno de estos centros por su orientación sexual, reveló la ministra.

Vance indicó que en torno a estas clínicas existen "intereses muy fuertes"que incluso "parece que permean las instituciones públicas".

Uno de los casos es el de una joven llamada Zulema, quien denunció en junio haber sido internada por su familia para someterla a un supuesto tratamiento por ser lesbiana y relató que sufrió tortura, agresión física y psicológica.

En la investigación se descubrió que en este caso estaba supuestamente implicada la comisaria provincial de salud, quien presidía una comisión encargada de velar para que no se produzcan este tipo de situaciones y era, al tiempo, propietaria del centro.

Según la ministra, ocho personas, acusadas de violaciones de derechos humanos y del "delito de odio", están detenidas por el caso.

Dentro de su combate contra los centros ilegales, el departamento ha desplegado un plan de inversión a diez años que incluye la construcción de 950 centros de atención integral con servicios de salud mental por todo el territorio nacional.

De este programa, que tiene un presupuesto global de 2.500 millones de dólares, se ha iniciado ya la construcción de los cien primeros establecimientos.