El Supremo brasileño ratifica la condena del extesorero del partido de Lula

La Corte Suprema de Brasil ratificó hoy la pena de ocho años y once meses de cárcel impuesta al extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Delubio Soares por su participación en un escándalo de corrupción denunciado en 2005.

Durante la cuarta audiencia de la fase de apelaciones del llamado "juicio del siglo", los once magistrados del Supremo rechazaron por unanimidad los recursos presentados por la defensa de Soares, quien fue condenado por corrupción activa y asociación ilícita.

El caso se refiere a una red de corruptelas tejida por el PT una vez que Luiz Inácio Lula da Silva ganó las presidenciales de 2002, que le llevaron por primera vez a un poder que ejerció entre 2003 y 2011, cuando asumió su heredera política y actual presidenta, Dilma Rousseff, quien pertenece a la misma formación.

Según sentenció la corte en 2012, mediante esa red el PT recaudó dinero público de forma ilegal y lo utilizó para financiar campañas y sobornar a dirigentes de cuatro partidos, que se unieron a la base progubernamental en el Congreso y le dieron a Lula la mayoría parlamentaria que no había obtenido en las urnas.

Soares es el primero de los tres dirigentes del PT en la época del escándalo que tiene la pena confirmada en la fase de apelaciones que el Supremo comenzó la semana pasada.

En las próximas audiencias, la corte deberá analizar recursos presentados por el expresidente del PT José Genoino y el entonces ministro de la Presidencia José Dirceu, quien en la época de los escándalos era considerado la "mano derecha"de Lula.

Dirceu, el político de mayor relevancia entre los 25 condenados por este caso, fue sentenciado a diez años y diez meses de prisión por corrupción activa y asociación ilícita.

Genoino fue hallado culpable de los mismos delitos, pero la pena que le impuso el Supremo fue de seis años y once meses debido a su menor responsabilidad en la trama.

Pese a su proximidad con muchos de los condenados, Lula no fue incluido entre los acusados debido a que el Supremo no encontró pruebas documentales sobre su supuesta participación en el asunto, que fue denunciada por algunos de los implicados.

Hasta ahora, el tribunal ha juzgado 12 de las 25 apelaciones que han presentado las defensas y las ha rechazado en su totalidad.