Johnson mantiene su vuelo a Ruanda pese al revés judicial

El Gobierno de Boris Johnson seguirá adelante con su polémico plan para enviar hasta Ruanda a los solicitantes de asilo que han llegado por rutas ilegales hasta el Reino Unido, pese al gran revés recibido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), cuya intervención llevó a anular, en el último momento, el avión que el lunes por la noche debía trasladar a los primeros expulsados. Sin duda alguna, un fuerte revés para un primer ministro en sus horas más bajas y que precisamente se había convertido en gran abanderado del Brexit con el lema de “recuperar el control de las fronteras”.

La ministra del Interior, Priti Patel, hija por cierto de inmigrantes, fue la responsable ayer defender en la Cámara de los Comunes una de las medidas más controvertidas de la era post Brexit asegurando que el Ejecutivo “sigue comprometido” con el programa acordado con Kigali por más 140 millones de euros.

Después de que varias ONGs hayan denunciado el preocupante balance en materia de derechos humanos del país africano, Patel condenó a quienes lo “denigran” “sin saber de lo que hablan” y adelantó que “ya han comenzado los preparativos” para organizar un próximo vuelo.

La ministra destacó que el TEDH no declaró “ilegal” el plan británico en su conjunto sino que sólo prohibió de manera cautelar la deportación de tres migrantes -de siete pasajeros previstos-, hasta que la Justicia inglesa se pronuncie sobre la iniciativa en julio. En este sentido, aseguró que las presiones legales no impedirán que prospere una política que calificó de “moralmente responsable”, pese al torrente de críticas recibidas tanto dentro como fuera del Reino Unido.

“No aceptaremos que no tenemos derecho a controlar nuestras fronteras”, dijo Patel, que insistió en que hay que “disuadir” a las bandas de traficantes que operan en el Canal de la Mancha.

El TEDH ordenó la paralización de un iraquí, iraní, vietnamita y albanés. Los otros tres inmigrantes también fueron retenidos por un tribunal inglés. Por lo que el vuelo se quedó sin pasajeros tan solo a 30 minutos del despegue. El tribunal europeo recordó que la Convención de Derechos Humanos no rige en Ruanda por lo que no hay garantías de que los inmigrantes puedan luego regresar al Reino Unido si se decide que su deportación había sido ilegal.

Esta corte no está vinculada a la Unión Europea sino al Consejo de Europa, organismo que nada tiene que ver con instituciones comunitarias y del que el Reino Unido, a pesar del Brexit, sigue siendo parte. En cualquier caso, el núcleo duro del Partido Conservador ha pedido al Gobierno que se desvincule de la Declaración Europea de Derechos Humanos de 1953 que lo apuntala, y que paradójicamente Londres contribuyó a elaborar. En este sentido, el premier, cuya autoridad está más que cuestionada y depende más que nunca del apoyo de los brexiteers, ya ha abierto la puerta a una posible salida.

Dos solicitantes de asilo que esperaban ser deportados denunciaron al abogado iraní de derechos humanos, Shadi Sadr, que habían sido tratados como criminales, describiendo incluso a un hombre que fue llevado hasta el avión en una silla de ruedas después de desmayarse. Según la versión de los inmigrantes, estuvieron retenidos en camionetas separadas en el aeropuerto, cada una vigilada con tres guardias. Mientras que uno dijo haber sido esposado, el otro explicó que le habían atado la muñeca a uno de los asientos. “Ya estaban traumatizados por el duro viaje que tuvieron que realizar para venir al Reino Unido y las incertidumbres de lo que les estaba pasando. Es una forma inhumana de tratar a las personas”, denunció el abogado a la BBC.

Por su parte, Ruanda confirmó ayer que sigue también “plenamente comprometida” con el acuerdo suscrito y asegura que tiene sus instalaciones preparadas a la espera de que lleguen los primeros deportados.

En el Parlamento, la portavoz de Interior laborista, Yvette Cooper, afirmó que el plan del Gobierno “es un desastre” e instó a centrar la atención en ampliar y mejorar el actual sistema de asilo, que presenta retrasos en las decisiones de hasta cinco años.

Además, reprochó a Patel que intentara que el primer vuelo despegara el martes pese a las demandas legales en curso, con un coste para el erario público de medio millón de libras (580.000 euros), y sabiendo que entre las personas que planeaba enviar a Kigali había “víctimas de tortura y tráfico”, que “no había un proceso de selección adecuado” y que en el grupo inicial “había menores”.

Amnistía Internacional declaró ayer que la cancelación del vuelo debería haber sido el fin de esta política “cruel”. “No debemos olvidar que las personas que anoche iban a ser expulsadas a Ruanda no han hecho más que ejercer su derecho a solicitar asilo en el Reino Unido”, dijo el director ejecutivo en el Reino Unido, Sacha Deshmukh, quien criticó que Londres abandone “su responsabilidad bajo la Convención de Refugiados” y recordó que Israel ya intentó sin éxito subcontratar a Ruanda la gestión de los solicitantes de asilo.