La oposición amenaza con tumbar los presupuestos a Macron

El desafío que enfrenta actualmente Emmanuel Macron es doble: establecer un presupuesto anual que responda de manera eficaz a los embates de la inflación, en un contexto de guerra y crisis energética y, además, conseguir el favor de una oposición parlamentaria que no está de acuerdo ni con el proyecto ni con su persona. Ayer, arrancó en la Asamblea Nacional francesa el debate sobre el proyecto de ley, pero desde hace varias semanas los dardos han estado volando desde todos los flancos. Tanto la izquierda, agrupada en la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES), como la derecha (Los Republicanos) y la extrema derecha de Marine Le Pen (Reagrupación Nacional) no han escondido su intención de oponerse. De hecho, ya han presentado más de 3.500 enmiendas al texto, lo que el Gobierno de Macron y sus diputados consideran simplemente una «voluntad de bloquear», que va mucho más allá de hacer propuestas eficaces y mejorar las finanzas nacionales. Macron perdió la mayoría absoluta en la Asamblea en las legislativas de junio.

«Este presupuesto va a ser muy complejo para el Gobierno, porque está lleno de contradicciones, por un lado fija límites al déficit y, por otro, está marcado por una coyuntura económica que está reduciendo ingresos y obligando a realizar gastos para afrontar la crisis energética», resume Eric Coquerel, diputado del partido izquierdista Francia Insumisa y presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea.

Precisamente, las grandes líneas del proyecto del presupuesto francés tienen como telón de fondo el impacto económico de la guerra en Ucrania. Se prevén 45.000 millones de euros para mantener un «escudo tarifario», lo que supone una reducción del mismo recurso aprobado en 2022, pero que está concebido para contener en un 15% el alza de precios de la electricidad y el gas. A esto se suman 3.000 millones de euros, así como una reducción de impuestos para apoyar a la empresa privada.

En total, el aumento de las dotaciones presupuestarias del Estado representa 21.700 millones de euros en 2023, con respecto a 2022. En este paquete se ve, por ejemplo, un aumento de 3.700 millones de euros en educación, con la promesa de aumentar los salarios de los profesores de manera que ninguno perciba un salario neto menor a 2.000 euros mensuales.

El Estado francés ha planificado también crear más de 10.700 nuevos puestos de funcionarios, un número en relación a los 294 planificados para 2022. Se distribuyen entre el Ministerio del Interior y Ultramar, Justicia y Educación Nacional, cuya reciente escasez de maestros – estimada en 4.000 puestos en todos el país- sacudió al Gobierno de Macron en pleno regreso a clases este septiembre

Más gasto en Defensa

No podía faltar, por supuesto, un aumento en el presupuesto de Defensa, tomando en cuenta una vez más que la guerra está geográficamente al lado. Para ello se ha destinado un gasto adicional de 3.000 millones de euros para reforzar las reservas de municiones y mantener el equipamiento militar ante una eventual escalada.

Para el sector sanitario, a pesar de las intensas peticiones de médicos, enfermeras y asistentes sanitarios durante y después de la pandemia de coronavirus, se ha dispuesto uno de los aumentos más bajos: 2.100 millones.

El proyecto también revela algunas nuevas fuentes de ingresos como el fuerte aumento del impuesto a la propiedad, que se duplica del 3.4% al 7%, un récord en la historia financiera francesa.

¿Qué pasa si la Asamblea Nacional, donde el partido de Macron es minoría, no aprueba el proyecto de finanzas para el año entrante? La Constitución francesa prevé un recurso que puede ser utilizado por el Ejecutivo en estos casos: el artículo 49.3, que permite a la primera ministra, previa deliberación del Consejo de Ministros, aprobar un proyecto importante sin necesidad de que sea votado en el Parlamento. La ley prevé su aplicación especialmente en caso de una ley presupuestaria.

Si Élisabeth Borne decide recurrir al 49.3, la discusión del proyecto de finanzas se suspendería inmediatamente y el texto se consideraría automáticamente aprobado. Aunque la Asamblea Nacional podría frenar el presupuesto en última instancia, presentando una moción de censura en el plazo de las 24 horas siguientes a la decisión de la primera ministra si ese fuera el caso.