El nuevo Gobierno francés ha querido ilustrar su política de firmeza en materia de inmigración con una medida rotunda. La prohibición de regresar a territorio francés a Omar Bin Laden, uno de los hijos del difunto yihadista cerebro del 11-S en EE UU, que se marchó de Francia en octubre de 2023 a raíz de una orden de expulsión y vive actualmente en Qatar. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, que desde su nombramiento hace tres semanas encadena polémicas por sus posiciones próximas a las de la ultraderecha en materia migratoria y de seguridad, ha explicado que el hijo mayor del fundador de Al Qaeda vivió durante “varios años” en el departamento francés de Orne, en el noroeste del país, como “cónyuge de una ciudadana británica”. Esa fue su situación hasta el año pasado, cuando las autoridades francesas emitieron una orden de explusión del territorio después de que el Omar Bin Laden hiciese unas declaraciones de apología del terrorismo. En concreto, se le echa en cara un mensaje el día del aniversario de la muerte de su padre, abatido en 2011 por militares estadounidenses en una operación en Pakistán, alabando su figura. El hijo del líder de Al Qaeda, que había comenzado una actividad de artista viviendo en Francia, negó ser responsable del mensaje. Retailleau ha confirmado que la expulsión se cumplió en aquel momento y que ahora se busca el no retorno.

Omar Bin Laden, de 43 años, nació en Arabia Saudí, pero vivió su infancia entre Sudán y Afganistán. Tras separse de su padre con 19 años, residió en varios países árabes hasta su llegada a Francia en 2016, justo en uno de los momentos más críticos para el país en cuanto a ataques yihadistas. Osama Bin Laden, fundador de Al Qaeda, organización considerada terrorista por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, y considerado el máximo responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001, fue eliminado en 2011 en Pakistán en una operación realizada por fuerzas especiales estadounidenses.

Desde su nombramiento como primer ministro, Michel Barnier avanzó su objetivo de reforzar la seguridad y una mayor control de la migración, dos de las tradicionales demandas de la derecha y de la extrema derecha.En materia de seguridad, el jefe de gobierno anunció un aumento de plazas en las cárceles, limitar las posibilidades para atenuar las penas de prisión y crear para determinados delitos "penas de prisión de corta duración" y obligado cumplimiento. El mayor exponente de esta política de firmeza ha sido el nombramiento de Bruno Retailleau al frente de Interior por parte de la dupla Barnier-Macron. Hace una semana, Retailleau llegó a cuestionar el Estado de Derecho, asegurando que "no es intangible ni sagrado". Ante las críticas, incluso entre los partidos del gobierno, dio marcha atrás este martes y lo defendió como un "fundamento de la República francesa".

Las críticas hacia Retailleau han llegado sobre todo desde la izquierda. Precisamente, la coalición del Nuevo Frente Popular, que venció con mayoría simple en las legislativas del pasado mes de julio, presentó una moción de censura contra el gobierno. El NFP justifica su moción de censura en la decisión del jefe de Estado de no nombrar a su candidata a primera ministra, la economista Lucie Castets, y en las "orientaciones políticas" del Gobierno de Barnier, que busca recrudecer la política migratoria. La diputada ultraderechista Laure Lavalette ya avanzó que no apoyarían esta primera moción de censura, al asegurar que la situación en Francia es "suficientemente grave" y que no quieren agregar más caos. Con sus 126 diputados y once millones de votos, Le Pen tiene en su poder el botón nuclear que haría saltar al Ejecutivo por los aires en caso de votar junto a la izquierda el veto al Gobierno.