Las huelgas contra la reforma de las pensiones de Macron se desinflan

La quinta jornada de huelga y protestas en Francia contra la reforma de las pensiones –que pretende retrasar la edad de jubilación de los 62 años actualmente a 64.– fue este jueves bastante más floja que las citas anteriores.

Si miramos solo las cifras calculadas por los sindicatos, ya tenemos un indicador importante: se registraron 300.000 manifestantes en las calles de París hoycontra los 500.000 contabilizados el pasado sábado. A nivel nacional, la Confederación Nacional de Trabajadores calcula un millón de personas movilizadas contra 2,5 millones registrados el 11 de febrero. Esta es, de lejos, la jornada más débil desde que se inició el movimiento en el mes de enero.

En cuanto a la huelga, la tendencia también es a la baja: el servicio de transporte, uno de los termómetros más visibles para medir la temperatura de la protesta, funcionó de manera casi normal. Metro, autobús y tranvía circularon por las calles de París como lo hacen habitualmente. Solo se advirtió una ligera perturbación en los trenes de cercanías de la capital que se redujeron, en su mayoría, en un 30%. El servicio ferroviario entre ciudades solo experimentó alguna disminución menor.

¿Y qué significa este descenso? ¿Está cambiando la percepción ante la reforma de pensiones? ¿Macron está ganando la batalla? En realidad, se trata de un golpe al bolsillo. Cuando un trabajador se declara en huelga, su empleador automáticamente tiene el derecho a descontar ese día no trabajado de su salario al final de mes. Una regla inscrita en el código de trabajo francés que califica este derecho de la empresa como «suspensión parcial de contrato de trabajo».

Por supuesto, cuando los días de huelga comienzan a acumularse, el presupuesto familiar se tiñe rápidamente de rojo. Así lo explica Marie Loiseaux, funcionaria administrativa en París, entrevistada por LA RAZÓN: «Financieramente, no puedo permitirme declararme en huelga todo el tiempo. Con los cinco días de huelga que se han convocado, yo ya estaría perdiendo más de 300 euros y de verdad no puedo». «Además, pienso que, al hacer huelga, le estamos ahorrando dinero al Estado. Eso no significa que no comparta los ideales de la huelga, al contrario, sigo pensando que esta reforma es injusta», añade.

A esta realidad económica, se añade también el período de vacaciones escolares en casi toda Francia –excepto en la región de París y en Occitania– que cambia completamente la dinámica combativa de los derechos laborales por días de descanso y el cuidado de niños en casa.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Olivier Dussopt, –casi susurrando en televisión– lanzó una enésima llamada a calmar las aguas: «Estamos en una democracia y los sindicatos pueden organizar movilizaciones, expresar apoyo, disconformidad, oposición. Respetamos la oposición, pero siempre hemos dicho que bloquear el país no es una solución. Más aún en un período de debates parlamentarios donde queremos seguir mejorando el texto de la ley».

Sin duda, una posición mucho más cordial que la de Emmanuel Macron o la primera ministra, Elisabeth Borne, quien sostiene la tajante frase que la ha valido la antipatía de una buena parte del país: «La edad de jubilación a los 64 años no es negociable».

Mientras tanto, la Asamblea Nacional sigue encendida en debates maratonianos sobre la reforma. Y es que ya se encuentra en la recta final hacia la fecha tope para la valoración del texto, fijada para este viernes a medianoche, antes de que pase al Senado.

El bloque de la izquierda, encabezado por el excandidato presidencial Jean Luc Mélenchon, ha sido particularmente crítico con la ley, al presentar nada menos que 7.000 enmiendas al texto, que ralentizan como nunca la discusión. Por ello, el mismo partido de Mélenchon, Francia Insumisa, así como el Partido Socialista, han anunciado la retirada de miles de esas propuestas de modificaciones para no hacer del debate parlamentario un proceso eterno.

Los focos están puestos en el controvertido artículo 7 de la ley, que retrasa la jubilación. Todo apunta a que la mayoría de los diputados votarán en contra de este artículo y, por ende, de la ley. Si ese fuera el caso, Macron aún tiene un as bajo la manga que no dudará en utilizar, como ya lo ha hecho antes: el artículo 49.3 de la Constitución francesa, que permite al primer ministro dar por cerrada la discusión del proyecto y adoptar la ley como aprobada sin someterla al voto parlamentario.

Por ahora, las organizaciones sindicales ya han anunciado una nueva jornada de huelga y movilizaciones para el próximo 7 de marzo, esperando que la participación vuelva a levantarse en toda Francia.