Las vacaciones del gobierno alemán están siendo más cortas de lo esperado. En particular, los asuntos de política internacional y la guerra en Ucrania han llevado a la coalición de cristianodemócratas y socialdemócratas a convocar varias ruedas de prensa en pleno receso estival de agosto. En ellas se han presentado cuestiones importantes, como el posible retorno al servicio militar, aunque de forma semiobligatoria, y la creación de un consejo de seguridad coordinado a nivel federal para asuntos de defensa.

En la última de estas comparecencias, celebrada este jueves en el Ministerio de Defensa, Boris Pistorius recibió a Margarita Robles para intercambiar opiniones sobre los proyectos de cooperación entre ambos países. Alemania pretende construir un ejército capaz de hacer frente, en caso necesario, a un posible ataque contra algún país miembro de la OTAN. En dicha reunión, según Pistorius, se abordó especialmente el proyecto conjunto del avión de combate FCAS, que empresas de ambos países desarrollan en cooperación con Francia. Este avión sustituirá al Eurofighter en 2040 y combinará vuelos de cazas tradicionales coordinados con drones armados. Las empresas implicadas compiten por asumir mayores responsabilidades dentro del proyecto, dado que se trata de una colaboración a largo plazo que, previsiblemente, será muy rentable, especialmente a raíz del aumento del gasto militar previsto en los países de la OTAN (hasta un 5 % del PIB).

Junto a la seguridad y la amenaza rusa, el gobierno alemán debe afrontar una crisis económica causada por el aumento del precio de la energía, las sanciones a Rusia, que dificultan la importación de materias primas, la escasez de mano de obra cualificada, el retraso tecnológico en digitalización y la reorganización del sector automovilístico. Los últimos datos reflejan una recuperación muy leve y frágil. El sector servicios y el consumo privado han descendido tras el aumento del desempleo en junio y la pérdida de poder adquisitivo a causa de la inflación.

Esta semana se publicó el barómetro del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW Berlín), y dicha organización afirmó en un comunicado que, “si bien algunas de las grandes incertidumbres se han reducido como el acuerdo preliminar entre la Unión Europea y la administración Trump en la disputa arancelaria, así como la aprobación de los presupuestos federales para 2025 y 2026, lo que alivia en parte a las empresas alemanas, las perspectivas siguen empañadas por problemas estructurales”. Entre estos se encuentra una caída de la demanda internacional de productos alemanes. “El comercio exterior pierde cada vez más importancia para la economía alemana”, explica Geraldine Dany-Knedlik, economista del instituto. “En cambio, la demanda interna se vuelve cada vez más crucial para el desarrollo económico”.

Otro de los grandes dolores de cabeza para la coalición (y no solo para ella) es el ascenso de la extrema derecha y la pérdida de apoyo popular tanto para el Partido Socialdemócrata (SPD) como, especialmente, para la Unión Cristianodemócrata (CDU), que actualmente empata con Alternativa por Alemania (AfD) con un 25 % de intención de voto. Esto anticipa un choque político inminente, que se verá reflejado en las elecciones regionales del próximo septiembre en Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

En el primer estado, según las encuestas actuales, la CDU obtendría un 34 % y la AfD un 30 %, lo que supondría duplicar el resultado anterior de la extrema derecha. En Mecklemburgo, la AfD ganaría las elecciones con un 29 %, seguida por el SPD con un 21 %, y la CDU quedaría en tercer lugar con apenas un 17 %.

AfD obtiene apoyo gracias a su discurso contrario a la guerra, pero también por su política antiinmigración, que es otro de los grandes temas que debe afrontar la coalición alemana. Los controles fronterizos impuestos por Merz han impedido unas 12.000 entradas al país desde mayo. El número de inmigrantes sin papeles que han llegado a Alemania se ha reducido a la mitad, según el ministro del Interior, Alexander Dobrindt (CSU). Sin embargo, estos controles requieren una gran cantidad de agentes policiales para su ejecución, y tanto los ciudadanos como las empresas en zonas fronterizas sufren atascos diarios como consecuencia.

Entre septiembre de 2024 y junio de este año, se pagaron 80 millones de euros adicionales a la policía en concepto de horas extra. El sindicato policial ha criticado que el número de inmigrantes sin derecho a cruzar la frontera es tan bajo que el Ministerio debería preguntarse si estos controles siguen siendo necesarios.

En realidad, el grueso de los refugiados principalmente de Ucrania y Siria, pero también afganos, sigue en situación incierta. Mientras que los ucranianos disfrutan de un estatus especial y no se espera que regresen mientras continúe el conflicto, muchos sirios han reconstruido su vida en Alemania y temen regresar debido a la posibilidad de persecución por parte de los actuales gobernantes en Siria, considerados extremistas religiosos.