Israel da un paso más en su distanciamiento de la ONU

Por una amplia mayoría -92 de sus 100 miembros-, el Parlamento de Israel aprobó este lunes un proyecto de ley que prohíbe las actividades de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) en el país. Tel Aviv ha acusado a empleados de la entidad de formar parte de Hamás y de haber formado parte del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 -en enero presentó pruebas contra 12 de ellos-, y asegura haber descubierto túneles y armas de la organización islamista en las instalaciones de aquella. No en vano, una investigación de Naciones Unidas concluyó que nueve empleados de la agencia -que fueron expulsados de la misma en agosto- estuvieron implicados en la masacre.

La decisión adoptada por la Kneset en forma de dos leyes -que se aplicarán previsiblemente dentro de tres meses- ha desatado una nueva cascada de reacciones de repulsa hacia las autoridades israelíes por parte de la comunidad internacional. El jefe de la agencia, Philippe Lazzarini, definió la prohibición como parte de una “campaña en marcha por desprestigiarla” y aseguró que “solo agravará el sufrimiento de los palestinos”. La UE pidió ayer a Israel que dé marcha atrás en la adopción de la ley asegurando que “no hay alternativa” al trabajo que hace. Amnistía Internacional acusó al Ejecutivo israelí de “criminalizar” la entrega de ayuda humanitaria y “atacar los derechos de los refugiados palestinos”.

Creada en 1949 por la Asamblea General de Naciones Unidas, la UNRWA tiene desde entonces como objetivo proporcionar ayuda de emergencia pero también educación, servicios sociales o atención sanitaria a la población de Cisjordania y Gaza, Jordania, Siria y el Líbano (donde hay un total de 58 campamentos de refugiados establecidos por la agencia). Cuenta con 30.000 empleados, la mayoría palestinos. En 2022 contó con un presupuesto de 1.170 millones de dólares.

La ley solo podrá ser aplicada en los territorios bajo soberanía israelí, lo que incluye a Jerusalén Este -anexionado por Tel Aviv- pero no Cisjordania y Gaza. Con todo, ello tendrá consecuencias previsibles para la Franja, donde al menos el 95% de la población -por encima de los dos millones de personas- pasa hambre tras más de un año de bloqueo y asedio militar israelí, y Cisjordania, puesto que no es posible acceder a estos territorios sin contar el permiso de las autoridades israelíes. El problema lo afrontarán tanto el personal de la entidad como la propia ayuda que sus miembros traten de hacer llegar hasta Gaza a través de territorio israelí.

Asimismo, el proyecto prevé la prohibición de todo contacto económico con UNRWA, lo que puede dificultar que los bancos en Israel trabajen con la entidad. La segunda de las dos leyes tiene como objetivo revocar los privilegios de los que goza la entidad en Israel, como ventajas fiscales o inmunidad y estatus diplomático, así como prohibir todo contacto entre autoridades del Estado de Israel con la agencia de Naciones Unidas (y que impedirá al coordinador de operaciones gubernamentales del Ministerio de Defensa en Cisjordania y Gaza trabajar con el organismo).

Entretanto, las Fuerzas de Defensa de Israel prosiguieron un día más su ofensiva en el norte de Gaza y en el sur del Líbano. La de ayer fue una jornada especialmente sangrienta: más de 150 muertos en los dos territorios cono consecuencia de los bombardeos israelíes contra Hamás e Hizbulá. Las autoridades sanitarias de Gaza elevaron ayer hasta las 43.050 el número de víctimas mortales desde octubre del año pasado.

Por otra parte, ocho militares austriacos resultaron ayer heridos por el impacto de un cohete contra instalaciones de la FINUL en la localidad de Naqoura, al sur de Líbano, según ha informado el Ministerio de Defensa de Austria. El Ejecutivo del país europeo estima que el proyectil fue lanzado “desde el norte”, por lo que lo “probable” es que proceda de Hizbulá.