La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, celebró el acuerdo alcanzado en La Haya la semana pasada entre los países miembros de la Alianza Atlántica –excepto España--, con el que se comprometieron a invertir para 2035 un 5% de su producto interior bruto (PIB) en defensa, tal y como reclama el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La jefa del Ejecutivo transalpino criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y aseguró que la actitud del mandatario español ponía en “peligro” la seguridad de todos. En Italia, sin embargo, la oposición recibió las declaraciones de Meloni con tibieza. ¿Cómo un país cuya deuda pública supera los 3 billones de euros (casi el doble que la de España) podrá alcanzar tan ambicioso objetivo?.

Durante una comparecencia parlamentaria, Meloni no explicó cómo espera cumplir su compromiso, teniendo además en cuenta que Italia es uno de los países de la OTAN con menor gasto militar –en 2024 destinó el 1,5% de su PIB--, y defendió que el aumento del gasto en defensa no restará recursos para el “bienestar de los italianos” porque “se trata de un proceso compatible con el resto de prioridades del Gobierno”. Pero la jefa del Ejecutivo italiano tiene un as guardado bajo la manga.

Italia aspira a imputar la construcción de un mega puente sobre el estrecho de Mesina, en el sur del país, como “infraestructura estratégica militar” y así incluir los gastos como parte del la inversión en defensa. Un proyecto faraónico con el que soñaron desde el dictador Benito Mussolini hasta el desaparecido Silvio Berlusconi. Il Cavaliere aprobó un proyecto durante su primera legislatura que incluía cuatro carriles de autopista en cada sentido de la marcha, así como dos líneas ferroviarias, pero las obras nunca llegaron a comenzar. En 2012 el Gobierno tecnócrata de Mario Monti decidió aplazar la decisión sobre la construcción del puente y más tarde anuló el proyecto, que sólo ahora ha retomado la coalición de derechas al frente del Gobierno, impulsado por el líder de la Liga, Matteo Salvini, ministro de Infraestructuras y Transportes.

Con un presupuesto de unos 13.000 millones de euros, el proyecto aspira a conectar los más de 300 kilómetros que separan la isla de Sicilia con la región de Calabria, en la península italiana, lo que le convertiría en el puente colgante más largo del mundo. La infraestructura formará parte del Corredor Escandinavo-Mediterráneo, una arteria clave para el transporte de personas y mercancías entre el norte y el sur de Europa.

Pero el Gobierno italiano está haciendo presión para que la obra sea considerada estratégica no sólo a nivel económico. Meloni quiere incluir el puente en el Plan de Acción de Movilidad Militar de la UE, que financia corredores de transporte que permiten un despliegue militar rápido en todo el bloque comunitario. En una carta enviada a la Comisión Europea en abril, el Gobierno italiano argumentó que el puente reforzaría la posición de defensa de Europa al facilitar los movimientos de tropas desde el norte de Europa a las cuatro bases militares de Sicilia. Roma aseguró que el puente “tiene importancia estratégica para la seguridad nacional e internacional, hasta el punto de que desempeñará un papel clave en defensa y seguridad, facilitando el movimiento de las fuerzas armadas italianas y los aliados de la OTAN”.

Esta nueva designación permitiría a Italia imputar el proyecto a sus gastos de defensa ya que del 5% del PIB al que que los miembros de la OTAN se comprometieron, un 3,5% debe destinarse a defensa, mientras que el 1,5% puede destinarse a seguridad. “Corresponde a las autoridades italianas evaluar si el propósito principal del puente de Messina es militar o civil”, aseguró un portavoz de la Comisión Europea preguntado al respecto.

Durante décadas la construcción del puente sobre el estrecho de Mesina se ha topado con barreras aparentemente inquebrantables como el alto coste, el desafío de construir en una zona con alta actividad sísmica o el impacto medioambiental. Diversas asociaciones han denunciado el daño que su construcción podría suponer para el ecosistema marino, pero el año pasado el proyecto obtuvo el visto bueno de la Comisión Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio italiano de Medio Ambiente. Sin embargo, el Instituto de Geofísica y Vulcanología denunció no haber sido consultado sobre el riesgo sísmico.

Otra de las dificultades que plantea su construcción es la posibilidad de que el viaducto se convierta en una mina de oro para las mafias que operan en la zona, especialmente la 'Ndrangheta calabresa y la siciliana Cosa Nostra, como advirtió recientemente la Dirección de Investigación Antimafia.