Una jueza federal de Estados Unidos ha bloqueado la implementación de un procedimiento acelerador para deportar inmigrantes, una medida controversial implementada por la administración de Donald Trump. La magistrada Jia Cobb argumentó que esta estrategia podría conducir a la expulsión errónea de personas sin garantizar su derecho a un proceso legal justo.

La denominada "expulsión acelerada" originalmente se utilizaba para deportar rápidamente a migrantes arrestados en la frontera mexicana dentro de los primeros 14 días de ingreso. Sin embargo, la administración de Trump expandió significativamente su alcance, aplicándola a migrantes que podrían haber residido en el país durante hasta dos años.

La juez Cobb destacó en su resolución los graves riesgos de esta política migratoria. Subrayó que bajo los nuevos criterios, personas que ya llevan tiempo establecidas en Estados Unidos podrían ser deportadas sin la oportunidad de demostrar su estadía legal o presentar argumentos en su defensa.

Declaraciones y reacciones ante la resolución

"El gobierno está apuntando a personas que ya llevan tiempo en el país", declaró Cobb, "y este uso abusivo de la expulsión acelera la privación de derechos". La magistrada señaló además que la argumentación gubernamental parecía sugerir que quienes cruzan la frontera irregularmente no merecen protección constitucional, lo cual representa un peligroso precedente para los derechos humanos.

Su decisión judicial no cuestiona directamente la legalidad de las expulsiones aceleradas en la frontera. Como jueza nombrada por Joe Biden, Cobb enfatizó la importancia del debido proceso y la protección de los derechos fundamentales.

La resolución se suma a una serie de desafíos legales que han enfrentado las políticas migratorias de Trump, revelando las tensiones persistentes en torno a la inmigración en Estados Unidos. Organizaciones como "Make The Road New York" celebraron el fallo como un triunfo para la defensa de los derechos de los migrantes.