Maltratados fuera y dentro de casa

La desesperación de los venezolanos que huyen de Maduro obliga a jóvenes a prostituirse en la frontera colombiana. Allí miles de exiliados malviven hacinados entre el rechazo de la población.

El abrasante sol asfixia a los miles de venezolanos que arrastran sus maletas y acarrean a sus bebés por el puente Simón Bolívar. Cada día unos 55.000 venezolanos cruzan este paso fronterizo que separa San Antonio del Táchira (Venezuela) de Cúcuta (Colombia). Hace un año la mayoría de transeúntes cargaba bolsas de alimentos que no podían comprar en su país, pero, desde el final de las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro en agosto del pasado año, por el puente transitan sobre todo familias enteras con grandes equipajes dispuestos a buscar un destino definitivo.

«Yo voy a Perú y él a Ecuador. Colombia está ya muy lleno», asegura María Carrillo, una joven migrante de Valencia (Venezuela) que lleva quince horas de viaje y cuatro horas de espera para sellar su pasaporte en la primera fila con la que se topan los recién llegados. Colombia ha dado residencia temporal a más de 800.000 venezolanos, pero se estima que podrían residir más de un millón en su territorio. Por ello, los venezolanos tratan de alcanzar países más alejados.

En ese mismo puente centenares de comerciantes venezolanos venden desde refrescos hasta golosinas para ganarse unos seis euros diarios con los que poder seguir su viaje. Un comercio informal que antes controlaban los vendedores colombianos, para malestar de estos. «Lo que gano acá en un día, lo gano allá en un mes», indica Ana Lozano, quien a sus 55 años vende café junto a su nieto para enviar unos 17 dólares mensuales a sus cinco hijos en Venezuela.

Es una de los 2.500 migrantes que desde comienzos de año deambula por las calles de Cúcuta, después de que desalojaran a centenares de venezolanos de un polideportivo, conocido como «Hotel Caracas», tras violentas presiones de los vecinos por la insalubridad y el foco de delincuencia que se había generado. Según la Policía local, se han producido 26 muertes en lo que va de año debido al repunte de delincuencia venezolana, mientras que en los dos primeros meses del año fueron asesinados al menos una veintena de venezolanos.

Fue un primer brote xenófobo contra venezolanos que ahora se extiende por toda la región. El último caso se vivió este fin de semana en la ciudad fronteriza de Pacaraima (Brasil). En Costa Rica también el sábado centenares de manifestantes, algunos con esvásticas, salieron a la calle para protestar contra la llegada de centenares de nicaragüenses que han huido de la represión del Gobierno de Daniel Ortega.

Los problemas de seguridad del éxodo venezolano –unos 2,3 millones, según estimaciones de la ONU– y la violenta reacción en determinados puntos fronterizos amenazan con desestabilizar la región y apremian a los gobiernos a endurecer los requisitos de entrada. La Organización de Estados Americanos ha convocado una reunión para abordar la crisis humanitaria de Venezuela.

Ecuador, donde al menos un millón de venezolanos ha cruzado la frontera común, aunque sólo 250.000 permanecen en el país, exige desde el sábado pasaporte para el ingreso. Sin embargo, Quito ha eliminado esa exigencia para menores siempre que lleguen acompañados. La misma medida adoptará Perú a partir de este fin de semana, después de que el 11 de agosto se alcanzase el pico de 5.100 migrantes que entraron en el país en un solo día.

Lograr la expedición de un pasaporte en Venezuela se ha vuelto un calvario por la falta de material, las demoras en la concesión de citas y los costosos sobornos a funcionarios que son necesarios para adelantar el trámite, según ha podido saber este diario a través de varios testimonios.

En Cúcuta también se han tomado medidas disuasorias, aunque más sutiles, para evitar así el «efecto llamada», entre otras, la negativa del Ejecutivo a activar un plan de emergencia, como reconoce su alcalde, César Rojas, a LA RAZÓN: «El Gobierno afirma que todavía no se puede dar ese estatus de refugiado o albergues, porque dicen que se aumentaría mucho el flujo de venezolanos».

La escasa acción humanitaria se reduce a un par de comedores sociales abiertos por parroquias locales, donde sólo reciben atención familias con niños y ancianos. «Perdí 25 kilos por los problemas para conseguir comida, gracias a Dios tenemos este comedor», agradece Leyvis Dorante, de 28 años, que cruzó hace unos días la frontera junto a sus hijos Junior y Zairi, de doce y cuatro años, respectivamente.

Ante la desesperación, muchos optan por cualquier forma de ganar dinero. En céntricas plazas y a plena luz del día, varios grupos de mujeres, la mayoría adolescentes e incluso algunas menores, ofrecen servicios sexuales por apenas un puñado de pesos. «Cobramos 30.000 [unos ocho euros] y, cuando nos chillan mucho, 25.000. Si uno tiene mala disciplina lo van a tratar mal, pero si uno se porta bien lo van a ayudar», asegura jocosa María Medina (nombre inventado) sobre la creciente discriminación, mientras coquetea junto a dos amigas con un grupo de ancianos.

Decenas de jóvenes se concentran por la noche en las calles aledañas a la terminal de autobuses. En el interior de las instalaciones pernoctan decenas de venezolanos, hacinados entre sus maletas a la espera de un asiento en el próximo bus hacia Bogotá o Rumichaca, frontera ecuatoriana. Serán los primeros 1.500 kilómetros y 30 horas de carretera de una incierta travesía cada vez más obstaculizada por el creciente rechazo social en los países vecinos y las barreras puestas por los Gobiernos de la región.