Manual para un pucherazo

El Gobierno de Maduro ha desplegado una batería de medidas para asegurarse la victoria en las elecciones de este domingo.

Por las calles de Caracas corrían ayer más niños y niñas de lo habitual. Los colegios han terminado las clases con antelación para dar paso a los preparativos de los comicios de este domingo. La televisión pública se jacta del «ejemplar» despliegue para garantizar la celebración de una jornada “segura”. El proceso electoral, sin embargo, presenta indicios contundentes sobre irregularidades en favor de las opciones chavistas.

Centros «irregulares»

El poder electoral controlado por el Estado autorizó la creación de 1.012 centros de votación nuevos, con la excusa de llegar «hasta el último venezolano». Un 87% de estos centros tienen apenas una mesa de votación y están inscritos entre 54 y 638 votantes. Los nombres de los centros tampoco esconden el tinte de esas urnas: «Comandante Chávez», «Nuestro Eterno Líder», «Siguiendo la Revolución». La mayoría de estos puntos se han instalado fuera de escuelas, en zonas chavistas, donde reluce la generosidad del Gobierno en inversión social. El técnico electoral de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Aníbal Sánchez, denunció a LA RAZÓN que se ha empleado una variable política para «ruralizar» el voto con la ubicación de mesas en lugares no habituales. Para la oposición, sitios «irregulares».

Amenazas

Sánchez explica que en esos barrios las personas beneficiarias de viviendas u otras ayudas, sobre todo madres solteras, sufren amenazas por parte del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En muchos casos, su casa está asignada pero no gozan de la titularidad. Esta dinámica de presión se ha producido, según los opositores, en los simulacros electorales que emplea el Gobierno para movilizar a la población más desfavorecida, pues sus datos quedan registrados y son tomados en cuenta para la concesión de prestaciones sociales.

El llamado 1x10 consiste en presentar una lista con diez personas que votarán por el PSUV. Maduro alardea en cada discurso de haber movilizado a más de cinco millones de electores, una cifra pretenciosa teniendo en cuenta los resultados de otras elecciones. Para Sánchez, una mera «operación de lealtad».

Un censo mutilado

El Gobierno de Nicolás Maduro activó desde hace meses una aplastante maquinaria electoral para no dejar ningún cabo suelto ni descuidar ningún voto –favorable o contrario– ante la amplia desventaja respecto a la oposición que recogen las encuestas. El dirigente de la MUD se queja de que la actualización del registro electoral «no fue homogénea» y que las máquinas para registrar la huella dactilar llegaron a pocos lugares. Por eso, calcula que alrededor de 1,7 millones de jóvenes entre 18 y 20 años no podrán votar, en su mayoría «personas desvinculadas del chavismo y proclives a decantarse por la oposición».

Militares que acosan

El Gobierno revolucionario anunció el martes su Plan República, el despliegue de 163.000 funcionarios –en su mayoría militares– y 25.000 de reserva para cualquier contingencia en los comicios. Esta cifra supera en 22.000 el número de efectivos de los comicios de 2013. Para Sánchez, se trata de un gesto «intimidatorio» y un «derroche de poder» por parte de Maduro. El técnico señala, además, que en citas pasadas se produjeron «episodios de coacción por parte del Plan República y operativos de amedrentamiento con presencia de motorizados en centros de tendencia opositora».

Urnas sin horarios

La oposición hace especial hincapié en la extensión del horario de votación, que se ha repetido en todos los comicios. «El cierre de colegios es a las seis de la tarde. Entonces aparece en televisión la presidenta del poder electoral y anuncia que se amplía media hora más, porque todavía hay colas en algunos centros, muchas creadas por los oficialistas mientras trasladan a más seguidores chavistas a votar», explica Sánchez, quien añade que «algunos de esos desplazamientos se realizan con vehículos públicos, como autobuses de la petrolera estatal venezolana PDVSA».

Votar vigilado

Una vez en el colegio, la oposición ha registrado casos de dudosos acompañamientos. «El voto asistido para personas mayores es un derecho, pero cuando una misma persona acompaña a ocho ancianos a depositar su papeleta, es sospechoso», insinúa Sánchez, «por no hablar del proselitismo y la confusión premeditada en los mismos centros». La oposición desplegará a más de 120.000 testigos en las 40.000 mesas en todo el país. Una cantidad notable para evitar que se repitan esos incidentes o, al menos, denunciarlos.