Una jueza del Tribunal de Distrito de Los Ángeles emitió un fallo el viernes que prohíbe a la administración Trump realizar detenciones migratorias indiscriminadas en siete condados de California, incluidos Los Ángeles y Ventura. La medida responde a una demanda presentada por grupos de defensa de los inmigrantes, que denunciaron prácticas de arrestos fundamentados en el perfil racial, el idioma, la ocupación o la ubicación de las personas.

En su resolución, la jueza Maame E. Frimpong dictaminó que dichas tácticas violan la Cuarta y Quinta Enmiendas de la Constitución de EE UU, al basarse en sospechas infundadas sin causas probatorias específicas. Asimismo, ordenó prohibir arrestos "roving" o itinerantes que no cumplan con el estándar legal y que se ha documentado que apuntaron a personas de piel morena, especialmente latinos.

La orden exige además al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a ICE permitir acceso ilimitado a defensores legales en el centro de detención conocido como “B‑18” en el centro de Los Ángeles, con visitas siete días a la semana y líneas telefónicas gratuitas para contactar abogados. Esta decisión busca asegurar el derecho a la representación jurídica desde el inicio de cualquier procedimiento migratorio.

La comunidad inmigrante y las organizaciones de derechos civiles celebraron el fallo como una victoria histórica. Mohammad Tajsar, abogado de ACLU SoCal, resaltó que las redadas en lavaderos de autos, paradas de autobús y predios agrícolas tenían un claro componente discriminatorio y exigía una respuesta judicial firme.

Por su parte, el DHS rechazó las acusaciones de perfil racial, calificándolas de “repugnantes y categóricamente falsas” y defendió la legalidad de sus operaciones migratorias. Mientras tanto, este fallo representa un significativo repliegue de las políticas migratorias agresivas implementadas por la administración Trump en California.