Los talibanes ejecutan a dos hombres ante una multitud reunida en un estadio en Kabul

El Gobierno de los talibanes, que regresó al poder en Kabul en agosto de 2021 tras una fulgurante operación estratégica que obligó a la salida atropellada y caótica de las fuerzas de la OTAN, ajustició el pasado jueves sobre el terreno de juego de estadio de fútbol a dos reos condenados por homicidio aplicando la norma del ‘ojo por ojo’.

Según la corte afgana, el caso “fue procesado por tres tribunales por separado, y cada tribunal emitió la sentencia de ejecución”, que luego fue aprobada por el máximo líder de los insurgentes, el misterioso mulá Hibatullah Akhundzada. Son la tercera y cuarta ejecución pública de la nueva etapa de los fundamentalistas islámicos en Kabul.

Líderes religiosos locales trataron de convencer a los familiares de las víctimas de que perdonaran a los condenados, pero en vano. Nada impidió la ‘retribución’ contra los dos condenados -identificados como Syed Jamal y Gul Khan, de las provincias de Wardak y Ghazni respectivamente. Ambos estaban acusados de haber matado a otras dos personas en casos distintos, fue llevada a cabo en un estadio de la provincia de Ghazni --en el sur del país— por parte de familiares de las víctimas, según una nota del Tribunal Supremo afgano. Y ante varios miles de personas como testigo en las gradas del recinto deportivo situado en la zona de Ali Lala fueron abatidos a tiros (hasta quince según las autoridades judiciales afganas) y por la espaldad. Las ejecuciones comenzaron poco antes de la una del mediodía.

Las instalaciones deportivas ya fueron empleadas en la primera etapa de los talibanes -entre 1996 y 2001— para este tipo de prácticas, habituales los viernes tras el rezo en la mezquita. Al grito de la multitud –“¡Allah-u-akbar”! (dios es grande)—, los fundamentalistas afganos explicaban los presentes en el estadio el crimen cometido por el reo antes de ejecutarlo o, en el mejor de los casos, cortarle una mano. En el primer lustro de los insurgentes en el poder suníes las ejecuciones públicas eran una práctica habitual en Afganistán. El objetivo era advertir a la población sobre el alto precio a pagar si cometían un crimen.

Sin embargo, el número de ejecuciones públicas parece haberse reducido durante el segundo periplo de los talibanes. La primera ejecución de esta nueva etapa tuvo lugar en diciembre de

2022 en la provincia occidental de Fara, mientras que la segunda sucedió el pasado junio en la provincia de Laghman. Al trascender la noticia, Naciones Unidas volvió a manifestar su rechazo por la práctica de la pena de muerte, habitual en la justicia talibán, como en otras ocasiones había expresado su oposición a la exclusión de las mujeres de la educación y el mundo laboral y a la persecución de cualquier forma de disidencia política. El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, calificó el jueves de “abominable” la ejecución.

“Seguimos estando firmemente en contra del uso de la pena de muerte, y creo que la naturaleza pública de esta ejecución es particularmente atroz”, afirmó el portavoz. La misión en Kabul había pedido a las autoridades afganas una moratoria en vano.

Dos años y medio después de su vuelta a Kabul, los talibanes siguen -salvo algún gesto favorable de las autoridades chinas— sin haber sido oficialmente reconocidos por ninguna cancillería del mundo. Las autoridades afganas pretenden participar en la reunión internacional que se celebrará este domingo en Doha (Qatar), y en la que están convocados decenas de enviados especiales a instancias del secretario general de la ONU, António Guterres. El objetivo del encuentro es evaluar las relaciones de la comunidad internacional con el Emirato Islámico afgano y estudiar el posible nombramiento de un enviado especial de la ONU que coordinara las relaciones internacionales con los talibanes.

“Estamos en contacto estrecho con los organismos relevantes de la ONU y hemos compartido nuestro punto de vista sobre las condiciones de una posible participación de una delegación del Emirato Islámico (como se autodenomina el Gobierno interino de los talibanes) en la reunión de Doha”, afirmó la semana pasada en una nota oficial el Ministerio de Exteriores del régimen. Los talibanes se oponen al nombramiento de un enviado especial y mantienen que la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) es suficiente.