¿A qué administración le pagamos los impuestos?

La mayoría de los encuestados por el CIS relaciona el IRPF y el IVA sólo con el Estado, pero Andalucía tiene cedido el 50% de ambos tributos.

En el este mundo sólo hay dos cosas seguras, según pronosticó uno de los padres de la patria estadounidense, Benjamin Franklin: la muerte y los impuestos. La presión fiscal puede quitar y poner gobiernos, otorgar mayorías absolutas o marcar el camino hacia la oposición. Los impuestos son los protagonistas indeseables de la política económica. Sin embargo, tal y como refleja el barómetro de julio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la ciudadanía tiene amplias lagunas sobre el destino final de este dinero.

Atendiendo a los datos del CIS, el 58 por ciento de los entrevistados –el estudio está basado en casi 2.500 entrevistas– cree que el IRPF lo pagamos en su totalidad al Gobierno central, mientras que el 17,6 por ciento opina que pagamos una parte al Gobierno y otra a la comunidad autónoma, en este caso Andalucía. El otro porcentaje más significativo (17,8 por ciento) se encuadra dentro del grupo que no sabe cuál es la respuesta.

Los resultados son parecidos para otro tributo que tiene un funcionamiento idéntico al IRPF: el IVA. Casi el 60 por ciento (59,9 por ciento) opina que lo pagamos en su totalidad al Gobierno central, mientras que el 12,2 por ciento piensa que el pago se reparte entre el Gobierno y las comunidades, y el 18 por ciento reconoce su impericia en la materia. No sabe cuál es la opción correcta.

El IRPF y el IVA son los dos motores principales de la cesta tributaria, sobre ellos se cimenta fundamentalmente la recaudación. Y ciertamentente en ambos casos el gestor del tributo es el Gobierno central, pero una parte de la recaudación va para el Estado y otra para las comunidades autónomas, que han ido aumentado su corresponsabilidad fiscal a base de estos dos pilares tributarios. Las comunidades tienen capacidad normativa sobre una parte del tributo, lo que les permite subir o bajar la presión, que suele coincidir con etapas de crisis o de bonanza. Así, el ex presidente Griñán subió en el año 2011 el tramo autonómico del IRPF a todos los que ganaban más de 80.000 euros. Además de subir el IRPF creó otros impuestos regionales como el canon de mejora del agua o el de las bolsas de plástico. No tuvo otra opción, ya que la recaudación cayó a una sima histórica en en el año 2010. Por el contrario, el Gobierno andaluz, presionado por Ciudadanos, ha bajado este año dos puntos el tramo autonómico del IRPF y quiere forzar otro descenso de medio punto en 2017.

El sistema de financiación autonómica actual –aprobado a finales de 2009 y pendiente de renovación– aumentó hasta el 50 por ciento la cesión a las comunidades del IVA, el IRPF y los impuestos especiales. En el caso del IRPF pasó del 33 al 50 por ciento; el IVA del 35 al 50 por ciento; y los impuestos especiales, del 40 al 58 por ciento. El padre de este reparto fue el ex presidente José Antonio Griñán, entonces consejero andaluz de Economía y Hacienda, que fue el primero en enviar un texto con la propuesta al Ministerio de Pedro Solbes. El engranaje de estos dos tributos, por tanto, se armoniza dentro del sistema de financiación, ya que el Gobierno adelanta a Andalucía y al resto de comunidades unas entregas a cuenta con la previsión de lo que van a recaudar y posteriormente hace una liquidación, que puede ser positiva o negativa. Así, por ejemplo, el Gobierno tiene que liquidar para 2017 en función de lo que recaudó Andalucía en 2015.

El funcionamiento del IRPF y el IVA es muy distinto al de otro tributo sobre el que también hay un debate abierto en la comunidad, el impuesto de Sucesiones y Donaciones, que la Junta también rebajará en 2017, al pasar el mínimo exento de los 175.000 a los 250.000 euros. En este caso se trata de un impuesto cedido en su totalidad. El Ejecutivo andaluz tiene manos libres para aumentarlo, bajarlo o suprimirlo. En los seis primeros meses del año Andalucía ha ingresado por este impuesto 172,7 millones de euros, un 6,4 por ciento más que el año anterior. La cifra es significativa, de ahí que la Junta evite a toda costa una bonificación general del 99% como ocurre en Madrid.