Administración Pública

Alaya quiere saber si la Cámara de Cuentas optó por mirar para otro lado

La Razón
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La juez instructora del caso de los ERE pospone la ratificación del voluminoso informe de los técnicos de la Intervención General del Estado y les encarga una ampliación del trabajo pericial al recibir en el juzgado un detallado escrito de uno de los abogados personados en la causa. El escrito de Juan Carlos Alférez recoge datos reveladores que apuntan a que la Cámara de Cuentas, el máximo órgano fiscalizador externo de la Administración autonómica, pudo conocer algunas irregularidades que se estaban produciendo.

Alaya insta a la Junta a que en un plazo no superior a cinco días aporte la parte de la Cuenta General de 2000-2010 (la década investigada) de IFA/IDEA (el ente encargado del pago de las ayudas), de la Consejería de Empleo y de la Consejería de Innovación, respecto a la partida 31L, el denominado «fondo de reptiles». También le pide los expedientes de modificaciones presupuestarias del programa 31L. A la Cámara de Cuentas le requiere, asimismo, los documentos y anexos de los mismos años de la Cuenta General que recibió de la Intervención General, así como las mencionadas modificaciones presupuestarias.

El nuevo paso dado por Alaya busca conocer «qué pudo haber hecho la Cámara de Cuentas (...) para poner de manifiesto las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General y en definitiva para evitar la continuidad del programa 31L a través de las transferencias de financiación a IFA/IDEA».

Es conveniente detallar el papel de cada actor en el engranaje contable de la Administración. La Intervención General –máximo órgano de fiscalización interno– es, por ley, el encargado de formar y compilar la Cuenta General y su documentación anexa cada año, donde aparecen el detallado de ingresos, gastos y posibles incidencias de cada consejería y ente público. La Cámara de Cuentas tiene otra función: comprobar que existe un ajuste legal de los datos de la Cuenta General; que se cumplen los objetivos contables; y –aquí reside el punto interesante– si se han producido «infracciones, abusos o prácticas irregulares».

La Cámara de Cuentas nunca auditó al IFA/IDEA. Sin embargo, el letrado Juan Carlos Alférez aporta datos de peso en el escrito dirigido al juzgado el pasado 28 de enero que apuntan a que la Cámara de Cuentas pudo conocer las irregularidades, y que, por consiguiente, el análisis que dedican a este asunto los peritos de la Intervención General del Estado en el informe de 1.051 folios y 7.194 de anexos es «muy limitado y parcial».

El letrado señala que la Cámara de Cuentas pudo tener datos suficientes del programa 31.L por tres vías distintas: las memorias de cumplimiento de objetivos por programas, la cuenta anual y memoria anual de IFA/IDEA y la información en los informes aprobados en el Pleno de la institución.

Tal es así que en las memorias anuales se detallan perfectamente los elevados desfases que estaba produciendo la fórmula de la transferencia de financiación. En 2005, un desfase de 95,5 millones de euros, lo que hubiera podido afectar incluso al déficit de la comunidad. No hay que perder de vista que el ex interventor general Manuel Gómez también señaló en su declaración ante Alaya que era «muy difícil» que la Cámara de Cuentas no se hubiera «topado» con las irregularidades. «La Cámara de Cuentas tenía documentos suficientes para conocer el tema, que denota una especial laxitud en la actuación de esta Cámara». La afirmación cobra ahora vigencia.