El 44% de los grandes ayuntamientos que incumplen normativa de estabilidad presupuestaria son andaluces

Hay administraciones públicas encastradas en cajones. El Tribunal de Cuentas ha elaborado un «Informe de fiscalización del grado de cumplimiento de los planes para la corrección de los desequilibrios financieros vigentes en 2014 y de los efectos de su aplicación en la estabilidad presupuestaria por los ayuntamientos con población de entre 75.000 y 150.000 habitantes» en el que sitúa a algunos en el compartimento de entidades que necesitan mejorar en esa materia. En uno de los apartados de conclusiones del documento, consultado por LA RAZÓN, se asevera que existen 25 consistorios que «presentaron incumplimientos del objetivo de estabilidad presupuestaria o de la regla del gasto en algún momento del periodo 2012-2016 sin proceder a aprobar el preceptivo plan económico-financiero», de los que 11 son andaluces, lo que supone el 44 por ciento del total.

Se trata de los ayuntamientos gaditanos de Algeciras, El Puerto de Santa María, San Fernando y la propia capital, Cádiz; el sevillano Dos Hermanas; Huelva; Jaén; los almerienses El Ejido y Roquetas de Mar; y los malagueños Mijas y Vélez-Málaga. Todos violaron la normativa, según el mencionado tribunal, «siendo así que la LOEPSF –Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera– no establece en su articulado excepción alguna a la aprobación de un plan económico-financiero en tales casos», se advierte en el informe del órgano fiscalizador.

Del grupo no monolítico de las 25 «entidades incumplidoras», 12 de ellas sí habían dado el visto bueno a proyectos económico-financieros, pero sólo en relación con alguna de las vulneraciones «de las reglas fiscales del periodo». «En concreto, 10 de ellas», se puntualiza en el texto del Tribunal de Cuentas, «aprobaron un plan» encaminado a «corregir incumplimientos de las reglas fiscales posteriores» a aquéllos para los que no se había armado uno. En ese bloque, son cuatro las administraciones locales de la citada franja poblacional que se enclavan en la comunidad andaluza: Dos Hermanas, Jaén, Roquetas de Mar y Vélez-Málaga. En este punto se pone el foco en el «retraso» en la adopción de iniciativas, para destacar «la tardanza» en autorizar un trabajo económico-financiero y, «consecuentemente», en «implementar medidas correctoras», en tres de estos ayuntamientos, «dado el carácter reiterado de los incumplimientos». Los señalados a nivel nacional son los de Gandía –en Valencia–, Jaén y Parla –Madrid–. El tribunal expone varias de las causas que arguyen los entes para justificar su inactividad entre las que se encuentran «la inacción de los órganos de gobierno, no obstante las advertencias realizadas por las intervenciones municipales», o «el rechazo del plan económico-financiero por el órgano de tutela, sin que se procediera» a su modificación para que pudiera salir adelante uno nuevo.