El consejero de Presidencia pidió una ayuda que se cargó al «fondo de reptiles»

SEVILLA- La nueva presidenta andaluza, Susana Díaz, quería con los cambios en el Ejecutivo andaluz amputar las sospechas de corrupción. Pero quizás el corte no ha sido limpio. En la documentación que obra en el sumario del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares se puede constatar que la Junta concedió en 2003 al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) una ayuda de 24.000 euros para la promoción de la Feria de Muestra y Turismo «Séptimo Centenario» con cargo a la partida 31L, el denominado «fondos de reptiles». Dinero que se pagó.

Se da la circunstancia de que el nuevo consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, fue alcalde de dicho municipio gaditano entre 1994 y 2004.

En la documentación que maneja la instructora del caso, Mercedes Alaya, se puede seguir cómo fue la secuencia de hechos hasta llegar al incentivo.

En un escrito firmado el 10 de enero de 2003 por Jiménez Barrios el ahora consejero explicó las características de una feria que se iba a «configurar sobre una extensión de más de 30.000 metros cuadrados, de los que 11.450 se dedicarán a exposición propiamente dicha y donde se instalarán cerca de 200 expositores». Tras esbozar el proyecto que calificó de «magnífico» solicitó a la Junta «la colaboración económica necesaria para la modernización e innovación del tejido empresarial» de su localidad. ¿A quién estaba dirigida la misiva? Al entonces delegado provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta, el imputado por Alaya Agustín Barberá. Éste a su vez remitió el 17 de febrero de ese año la petición de Jiménez Barrios al que era viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández, también imputado y encarcelado en el curso de la investigación de la trama de los ERE fraudulentos. Barberá, en un texto que encabeza «Estimado Antonio», explica a Fernández que considera de «sumo interés» la participación del Ejecutivo regional en la muestra, además de concretar que «la ayuda podría rondar entre 18.000 y 24.000 euros». Y añade: «Que me comentaste podría ser a través de la Dirección General de Trabajo».

Si se avanza en el rastreo de los folios del sumario se concluye que la petición de ayuda siguió su curso hasta recalar en la Dirección de Trabajo y Seguridad Social en la que había otro imputado al frente: Francisco Javier Guerrero. De hecho, Fernández envía el 25 de febrero a Guerrero –«Querido Javier»– el oficio de la Delegación Provincial de la Consejería en Cádiz para que «en base al convenio suscrito con el IFA –Instituto de Fomento de Andalucía, ahora agencia IDEA–, se le apruebe la subvención que solicita al igual que en otros casos similares».

Jiménez Barrios es, en teoría, el encargado de las relaciones con IULV-CA en el nuevo Ejecutivo de coalición. ¿Tendrá la federación de izquierdas algo que decir?