El Consejo de IDEA ya tenía empresarios y letrados cuando aprobó ayudas de los ERE

El instructor los investigó pero a la mayoría no los procesó y declararon como testigos en el juicio

La Junta anunció este martes la reestructuración de la cúpula de IDEA y de su Consejo Rector con la incorporación de miembros de distintas consejerías. además de la de adscripción, «vocales representantes de prestigio en el mundo empresarial y en el ámbito universitario» y un letrado del Gabinete Jurídico como secretario. Pero lo cierto es que la agencia pública ya contaba con representantes de esos ámbitos en los consejos rectores que entre 2001 y 2010 dieron el visto bueno a los convenios suscritos entre IDEA y la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo para pagar las ayudas investigadas en el caso ERE. De hecho, varios de ellos fueron investigados aunque el juez instructor acabó archivando la causa contra la mayoría, a excepción del ex jefe del Gabinete Jurídico de la Junta, Francisco del Río, procesado por prevaricación, quien en su declaración dijo haber asistido a la mitad de las reuniones en las que tenía voz pero no voto.

Entre los investigados contra los que el instructor no abrió juicio oral están los ex presidentes de El Monte y Unicaja, José Manuel Bueno Lidón y Braulio Medel respectivamente; el presidente del Parque Tecnológico de Andalucía y de la Red de Parques Tecnológicos de España, Felipe Romera; el ex presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía Joaquín Moya Angeler; y el ex presidente de Abengoa y actual secretario de Estado de Energía en funciones José Domínguez Abascal. Los tres primeros declararon finalmente como testigos en el juicio de la pieza política y coincidieron en minimizar el papel del Consejo Rector en la aprobación de los convenios para pagar las ayudas de los ERE y en la atención que prestaban en las reuniones a ese asunto.

Su tesis, compartida por los dos ex directores de IDEA juzgados por prevaricación y malversación, Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete, es que la agencia pública no podía negarse a hacer lo que le encargaba una consejería de la Junta, en este caso pagar las ayudas de los ERE para lo que además el dinero se lo transfería Empleo, aunque la Intervención alertó en varios informes de que esa fórmula era «inadecuada» y los retrasos en recibir los fondos provocaban desajustes contables en sus auditorías, que también se veían en el Consejo Rector.

La remodelación que plantea el nuevo Gobierno de PP y Cs persigue un Consejo Rector «con mayor autonomía para la toma de decisiones», aunque el presidente seguirá siendo un consejero, ahora el de Economía, y la mayoría de los miembros son cargos de la Junta salvo cuatro del ámbito empresarial y universitario. También hacerlo «más transversal» con representantes de distintas consejerías. En el periodo investigado en el caso ERE, había miembros de Empleo, Innovación y Hacienda (fundamentalmente consejeros y viceconsejeros).