El SAE repartió 57 millones a consorcios de empleo sin «control de la gestión»

La Cámara de Cuentas ha puesto de nuevo en entredicho la gestión de los fondos públicos por parte de la Junta de Andalucía en los últimos años. Y otra vez denuncia el mal uso del dinero destinado para las políticas activas de empleo, una de las acciones prioritarias del Ejecutivo autonómico debido a la alta tasa de paro de la comunidad. El órgano de control, en su trabajo de fiscalización horizontal sobre la gestión de las ayudas de la Junta de Andalucía a los consorcios de las Utedlt durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012, apunta que el Servicio Andaluz de Empleo transfirió a estos entes en ese periodo 57,3 millones de euros. Sin embargo, y pese al volumen de fondos, la Cámara asegura que «no hay constancia de que las entidades consorciadas (SAE y las entidades municipales) llevaran a cabo un control de la gestión desarrollada por los consorcios, tal y como preceptúan los estatutos».

Pese a que la Junta alegó ante los inspectores de la Cámara que el Consejo Rector de las Utedlt sí realizó esa función y pidió la supresión de esta observación en el informe, los argumentos de los auditores son contundentes: el Consejo Rector no convocó el número mínimo de sesiones previstas; la mayoría de los Consorcios no han formado la Cuenta General (solo 33% en 2010 y 27% en 2011) y un 33% en 2011 no han aprobado siquiera la liquidación del presupuesto; solo han rendido cuentas el 40% en 2010 y el 27% en 2011; y el SAE no ha llevado a cabo un control efectivo del trabajo desarrollado por los ALPEs –los trabajadores contratados–, ni ha realizado las auditorías previstas.

Para valorar en su justa medida las conclusiones de la Cámara de Cuentas, hay que entender el funcionamiento de las Utedlt. Se trata de consorcios con personalidad jurídica propia, participados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y corporaciones municipales y supramunicipales. Tenían como objetivo «fomentar el empleo local, lograr un mayor aprovechamiento de los recursos en cada una de las zonas y acercar a la ciudadanía los servicios que en materia de empleo, industria y desarrollo tecnológico se ofrecen por la Junta de Andalucía». Existían 95 repartidos por toda la comunidad. Cada uno tenía a un director elegido «a dedo» con contratos de alta dirección y pagados íntegramente por la Junta.

La selección del personal de los consorcios también se hacía de forma irregular. Señala el informe que de un análisis del proceso de contratación de 303 Agentes Locales de Promoción y Empleo (Alpes) –de un total de 697 contratados–, en un 48% no consta «la presentación de oferta genérica»; en un 21%, tampoco hay certeza de que «las contrataciones se hayan realizado entre personas demandantes de empleo»; en un 48% «no consta la preceptiva convocatoria pública»; e incluso se da la circunstancia de que «un 2% del total de las personas seleccionadas, no estaban inscritas en el SAE como demandantes de empleo».

Este es el perfil que esboza la Cámara de las Utedlt a las que la Junta transfirió 57 millones de euros sin que luego realizara un control exhaustivo de la gestión de esos fondos. Este hecho, a tenor del resultado del trabajo de fiscalización, no preocupaba al Servicio Andaluz de Salud porque «las herramientas aplicadas para el seguimiento y control de los fondos concedidos, no contenían la información suficiente que posibilitara la comparación del trabajo desarrollado por los consorcios Utedlt con las funciones previstas en la Orden reguladora y en sus correspondientes estatutos, así como la verificación de la efectiva realización de la actividad que constituye el objeto de la subvención percibida del SAE».

La Cámara concluye que «la Dirección General de Calidad de los Servicios para el Empleo del SAE y las Direcciones Provinciales del SAE, como responsables del seguimiento y la coordinación de las actividades derivadas del programa de los ALPEs, no llevaron a cabo un control efectivo y fidedigno del trabajo desarrollado ni, consecuentemente, la necesaria evaluación sobre el mismo».

Estas circunstancias no impidieron que la Junta abonara incentivos al personal contratado. Ni siquiera cuando «a partir de 2009, no se suscribieron los Contratos Programa por parte de los 95 Consorcios Utedlt y el SAE, ni se establecieron objetivos incentivables ni, consecuentemente, un sistema de evaluación de la consecución de los mismos». Aún así, Empleo repartió linealmente «incentivos por un total de 4.994.423,48 euros, que correspondían a las actividades desarrolladas durante los años 2009 y 2010».