IU forzará la salida de imputados del Gobierno para salvar el pacto

Ni el vicepresidente de la Junta ni el coordinador regional de IU quieren imputados en un Gobierno en el que figuren las siglas de su formación. Lo repitieron ayer con insistencia, igual que el coordinador federal, Cayo Lara, en el acto conjunto al que acudieron en Huelva, apelando al código ético de su partido.

Antonio Maíllo fue el más tajante. Mientras Diego Valderas pedía «prudencia» y apelaba a la honradez de su socio de Gobierno, su líder andaluz avisaba de que «hay que llegar hasta el final caiga quien caiga». «IU no participará en un gobierno con inculpados», repitió. Una postura que, en su opinión, no pondrá en peligro el pacto, siempre que el PSOE-A se alinee con ellos. En este sentido, aludió a «la fortaleza de un pacto hecho por dos fuerzas políticas que no van a admitir a ningún inculpado en un gobierno», insistió el coordinador andaluz de la coalición de izquierdas.

Tanto él como Valderas pospusieron cualquier decisión a la resolución de los recursos que, según adelantaron, han presentado la mayoría de los 20 nuevos imputados en la trama de los ERE, cuyos nombres se hicieron públicos el pasado martes en el último auto de la juez Mercedes Alaya.

Valderas aseguró que se ha encontrado en la Junta con «personas honestas y honradas y lo mantengo», pero «hay que esperar a ver qué dice la Audiencia de Sevilla y tras eso volveremos a fijar una posición, pero siempre de tolerancia cero» con la corrupción, concluyó. Sus palabras se tornaron duras al referirse a la magistrada que instruye el caso. El vicepresidente acusó a Alaya de parcialidad en sus actuaciones, lamentando que «un tema tan importante se esté situando en el terreno de marcar desde la Justicia escenarios políticos a la política y a la acción del Gobierno», informa Efe.

Los responsables federal y regional de IU también coincidieron en reclamar «celeridad» en la instrucción de una causa que «no puede demorarse más y ha de llegar hasta el final, rápido y sin contemplaciones», según Maíllo.

A su juicio, ante el auto de imputación «hay que actuar y llamar a todos y cada uno de los imputados a declarar. Si queremos que la justicia funcione hay que garantizar la rapidez en el procedimiento y que los imputados sean citados cuanto antes y se garantice así, el derecho de defensa». Maíllo tiene claro que «de esas declaraciones saldrá el sobreseimiento o mayor inculpación». Si ocurre lo segundo, ambas formaciones estarán obligadas a reconsiderar los términos de su acuerdo.

En todas sus valoraciones, los líderes de IU dieron por hecho que los socialistas cesarán a quienes permanezcan imputados tras los recursos. Aunque no fue así, por ejemplo, con el ex director general de Empleo, Daniel Alberto Rivera, al que la Junta tardó cinco meses en destituir. El «número dos» de la ya candidata a las primarias del PSOE-A, Susana Díaz, el viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, es actualmente el más alto cargo del Gobierno andaluz de los señalados judicialmente.