La Audiencia corrige a la juez Núñez y reabre la causa de los cursos de formación que archivó

El objetivo es aclarar las presuntas irregularidades en la gestión del Servicio Andaluz de Empleo.

La baja laboral de la juez María Núñez Bolaños está plagada de sobresaltos. A la reciente denuncia de la Fiscalía Anticorrupción ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el «retraso injustificado» en la tramitación del «caso de los ERE» o el de los avales de IDEA se suma ahora la reapertura de una investigación que archivó provisionalmente en 2016, la de la pieza principal de los cursos de formación, en la que están bajo la lupa un total de 24 personas, entre ellas varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Así lo ha dictado la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, estimando parcialmente el recurso de apelación presentado por el PP andaluz, corrigiendo a la magistrada y dando vía libre para que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, del que es titular, practique una serie de diligencias de investigación, tanto pendientes como nuevas, solicitadas por la acusación recurrente. El objetivo es aclarar las presuntas irregularidades que pudieran haberse cometido en el proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en el periodo 2009 a 2012.

Asimismo, el tribunal ordena que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil examine, con la asistencia de un interventor de la Junta y otro de la Intervención General del Estado, una serie de expedientes de subvención precintados por la propia UCO en el SAE a los que el PP-A se refiere en su recurso. Todo ello «a fin de cotejar los examinados ya en el procedimiento a través de las aplicaciones informáticas con los expedientes ‘físicos’ y comprobar si en los mismos se da la misma falta de documentación y defectos que en los ya examinados y que se ponen de relieve, especialmente en los informes de la Intervención». De igual modo, la Sala habilita a la jueza para que practique, tal y como recoge el auto, «aquellas otras diligencias que, con absoluta libertad de criterio» entienda que «fueran precisas para un total esclarecimiento de los hechos», punto en el que la Audiencia advierte a los populares de que «si tales diligencias no dieran el resultado que busca el recurrente, será por completo improcedente continuar una instrucción que, en ningún caso, puede convertirse en prospectiva».

Sobre la devolución de las ayudas, asegura que «no sabemos cuántos expedientes de reintegro se incoaron respecto de los 15.561 totalmente justificados a abril de 2016 que se dice» en el informe del SAE que consta en el procedimiento, «ni los resultantes de los 260 que se dicen parcialmente justificados», por lo que es una cuestión que «debería acreditarse en el procedimiento». En lo que atañe a los expedientes de reintegro terminados a fecha de hoy, expresa su desconocimiento sobre «cuántos han acabado en un efectivo reintegro o han tropezado con la insolvencia del beneficiario, disolución de la entidad concesionaria y similares». Junto a ello, la Audiencia desconoce «la cantidad a la que ascienden».

Los populares han insistido en la existencia de una trama organizada en este caso. El tribunal sostiene que «no hay indicios bastantes» sobre este extremo entre los investigados y terceros para un reparto de fondos públicos, al igual que no ve indicios de que se repartieran «de forma organizada a una red clientelar previa».

Tras la notificación del auto, la secretaria general del PP-A, Loles López, señaló que su formación es la «única garantía» para que se sepa la verdad y sospechó que la causa «es otro “caso de los ERE”, puesto que se siguió la misma forma de actuar».