La autonomía del Consultivo lo libra de rendir cuentas del pago de pluses

El Parlamento no admite preguntas de Prieto sobre esos cobros, al alegar que se trata de un ente independiente, pero la diputada insiste

Intentar suplir la falta de datos a base de iniciativas. Éste parece ser el propósito que se ha marcado la parlamentaria andaluza no adscrita, Carmen Prieto. LA RAZÓN publicó recientemente que un grupo de veintiocho funcionarios del Consejo Consultivo autonómico se habría embolsado 154.911 euros por productividad, gracias a unos pluses cuatrimestrales y de acuerdo a un documento interno al que tuvo acceso este periódico. Multiplicada esa cuantía por tres para completar los doce meses de un año, aquélla se dispararía hasta los alrededor de 464.733 euros, al tratarse de retribuciones variables. Fuentes sindicales apuntaron además que lo habitual en el ámbito de los funcionarios de la Administración regional es «cobrar de productividad unos 200 euros en bruto al cuatrimestre» y precisaron que sólo lo abonado a uno de los funcionarios beneficiados en ocho meses, unos 28.950 euros, «podría ser el sueldo bruto al año de otro» trabajador del mismo colectivo. Prieto formuló entonces una pregunta parlamentaria escrita relativa al pago de esos pluses, pero la Mesa de la Cámara acordó rechazarla, según se puede comprobar en el número 457 del Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) que vio la luz ayer. ¿La causa? Que los interrogantes de los diputados para ser admitidos a trámite «requieren que en su formulación exista ‘relación directa entre el objeto de lo que se pregunta y la acción de gobierno», circunstancia que, al parecer del órgano interno de la institución, no se da en este caso «al ejercer el Consultivo sus funciones ‘con autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e independencia’». Pero el ente consultivo es público y la ex diputada de Ciudadanos (Cs) considera que los andaluces tienen derecho a conocer información sobre el mismo, por lo que replanteó la cuestión y la volvió a registrar. En otro escrito, consultado por este diario y fechado el 27 de abril, expone que el consejo supone este año un coste de «3.762.607 euros», de los que «3.251.607 corresponden a gastos de personal» y alude también a lo relatado en relación a los veintiocho funcionarios. Lo hace para lanzar una batería de preguntas destinadas a saber si los complementos salariales se pagaron «en base a criterios cuantitativos o cualitativos», o quién lo determinó y qué «baremo se utiliza» para calcularlo. A ello sumó su interés por conocer «cuál fue la distribución del plus de productividad en los últimos seis meses y qué criterios prácticos se siguieron para su pago». En definitiva, Prieto está dispuesta a dar esta nueva batalla por la transparencia y avisa de que no será la última.