Andalucía

La consultora andaluza que tumbó un contrato del Ayuntamiento de Barcelona se querella contra Colau

Sostiene que la comisión de gobierno llevó a cabo una modificación presupuestaria contraria a derecho y apunta a los presuntos delitos de prevaricación y malversación

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colaularazon

Sostiene que la comisión de gobierno llevó a cabo una modificación presupuestaria contraria a derecho y apunta a los presuntos delitos de prevaricación y malversación

No fue vehemencia pasajera. Después de que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) anulara una serie de puntos del pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) hilvanado al servicio de producción y logística para la multiconsulta ciudadana prevista por el Ayuntamiento de Barcelona para el pasado mes de mayo, 3CS Cambios Estratégicos ha interpuesto una querella criminal contra todos los miembros de la comisión de gobierno del consistorio que dirige Ada Colau. Lo ha hecho sobre la base de la modificación presupuestaria que dicho ente llevó a cabo el pasado 25 de enero para aumentar el presupuesto de la producción y logística del multireferéndum, según ha podido saber LA RAZÓN. Desde la consultora andaluza explican que elevó “los 759.216,66 euros por los que había licitado inicialmente” hasta los “1.500.000”, esto es 740.783,34 euros más, para realizar la pluriconsulta “con medios propios”, en lugar de “consensuar con la contratación a empresas especializadas”. 3CS entiende que dicho cambio implica “una resolución administrativa contraria a derecho, arbitraria, generadora de un resultado injusto” que supone saltarse “los requisitos de tramitación electrónica” y “la necesidad” de informes como los justificativos del gasto y suficiencia de crédito o incluso el jurídico que “avale la legalidad del procedimiento”. A ello suma que ese revolver, a su juicio tramposo, “afecta al patrimonio público” al duplicar el gasto de la licitación original “que hubiese supuesto contratar a una empresa especializada en gobernanza pública” por lo que puede “representar un exceso en las facultades de la Administración, generando un evidente perjuicio a los ciudadanos por el mayor coste asumido”. En definitiva, apunta a los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

3CS Cambios Estratégicos defiende que “los procesos de participación ciudadana municipal deben ajustarse a la ley” y han de suponer un avance “hacia un modelo de gobernanza que tenga seguridad jurídica desde el mismo inicio de los expedientes de contratación que la hagan posible”, además de no incurrir en gastos innecesarios para las arcas públicas. En concreto su jefe de Estrategia, José María Zambrano, asegura a este periódico, que “confían en la Justicia”.