La Fiscalía pide 5,5 millones de fianza civil para un ex alto cargo del PSOE

Antonio Rivas, el ex delegado de Empleo en Sevilla, considerado por la juez como «el portillo» de entrada de los intrusos en los ERE, compareció ante Alaya 1.115 días después de su imputación. Rivas, que se había quejado de su situación de indefensión al no haber sido citado a testificar durante más de tres años, se acogió a su derecho a no declarar. La Fiscalía Anticorrupción solicitó para el ex alto cargo de la Junta –condenado ya a 21 meses de inhabilitación y el pago de 600.000 euros por el «caso Mercasevilla»– una fianza de responsabilidad civil de más de 5,5 millones. En declaraciones a LA RAZÓN, Rivas explicó que ya prepara el recurso al considerar que no le corresponde «pagar ni un euro» y se mostró «tranquilo», tras varios días de nerviosismo por la citación, y «en casa», satisfecho de que las partes no hayan solicitado la privación de libertad. La magistrada imputó a Rivas los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

La juez explica en un auto al que accedió este diario que el que fuera delegado de Empleo desde mayo de 2000 a abril de 2010 «como autoridad laboral competente autorizaría un considerable número de ERE de empresas que recibirían subvenciones sociolaborales de la Dirección General de Trabajo» con «total ausencia de procedimiento para la prejubilación de sus trabajadores». La magistrada considera que la «falta de procedimiento» era conocida por el imputado «pues era evidente que ni siquiera existían unas bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial, pese a lo cual gran parte de estas ayudas, conociendo y aprovechando el señor Rivas el carácter discrecional de concesión, fueron comprometidas previamente por él, quien de esta forma influiría en el otorgamiento de las mismas, así como en la inclusión de ciertos intrusos». La magistrada relata en el auto la influencia de Rivas tanto sobre Guerrero como sobre Juan Márquez como directores de Trabajo, aludiendo incluso a «la colaboradora» del segundo, María José Rofa, para argumentar que «cuando los asuntos llegaban de la mano de Rivas la presión era alta», citando, en concreto, dos subvenciones de 440.000 euros y de 400.000 euros y señalando que «el importe que finalmente sería abonado por la Junta ascendería a 1,89 millones», cantidad «muy próxima al compromiso realizado presuntamente por Rivas».

La Fiscalía solicitó una fianza civil de 5.579.696 euros, esto es, 444.982 euros por el ERE de Calderinox; 425.680 euros por los expedientes de Intersur y Samec; 2,3 millones, por el de Aglomerados Morell; más el tercio legal. La Fiscalía resaltó el «importante volumen de ayudas» tramitadas en Sevilla.

Las irregularidades, «en las pólizas»

Rivas se acogió a su derecho a no declarar «haciendo constar que ha realizado un 'escrito de manifestaciones'» con «cumplida contestación a las cuestiones que se le han imputado» al no responder la juez a las cuatro peticiones que realizó: que la comparecencia fuese grabada y la magistrada guardara la única copia, que se aportara el atestado de la Guardia Civil sobre el ERE del Merca y que se informara sobre las nuevas pruebas sobre su «presunto enriquecimiento ilícito». El abogado del ex delegado de Empleo, Jon Ander Sánchez, indicó que su defendido «durante prácticamente diez años» en el cargo «ha actuado en todo momento conforme a la legalidad y en el ejercicio de las competencias que tenía asignadas». El letrado defendió que «ningún ERE» citado «tiene irregularidad alguna ni se ha constatado ni tan siquiera de modo indiciario la existencia de ningún intruso». «Todos los ERE aprobados por el declarante lo han sido previo informe favorable de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social», indicó Sánchez, que recordó que «todos los ERE aprobados por la autoridad laboral, sin excepción, fueron acordados entre las respectivas empresas y las representaciones legales de los trabajadores» y que cuando hay este tipo de acuerdos «la homologación o autorización por parte de la Junta es obligada y, por tanto, poca capacidad de maniobra tenía» Rivas. Sobre «las vinculaciones familiares» de los intrusos, el ex delegado de Empleo apuntó al ex edil camero García Prieto, «que parece ser la persona que para sí misma y para otros habló con la Dirección General de Trabajo al objeto de obtener determinadas ayudas».