La Fiscalía solicita 14 años de inhabilitación para Luciano Alonso

La Fiscalía Superior de Andalucía ha solicitado 14 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el ex consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta Luciano Alonso a cuenta de un presunto delito continuado de prevaricación administrativa en relación a los nombramientos de Luis Guerrero Jiménez como director del Centro Andaluz del Flamenco (CAF) y de Alejandro J. Cárdenas y María Centeno como directores consecutivos de la Filmoteca de Andalucía. Por su parte, el ex consejero defendió la «legalidad» de los nombramientos y rechazó la existencia de «puestos fantasma», señalando que «como enventuales eran puestos de confianza».

En su escrito de acusación, el Ministerio Público relata que, tras ser nombrado consejero mediante decreto 5/2012, de 5 de mayo, el actual parlamentario socialista habría «utilizado las facultades que dicho cargo le confería para beneficiar a personas relacionadas con el PSOE con puestos de libre designación y naturaleza eventual». Todo ello, según la Fiscalía, «a sabiendas de la absoluta falta de idoneidad de los nombrados para el desempeño de las funciones que dichos puestos tenían asignadas legalmente, así como que, a pesar de percibir los ingresos previstos presupuestariamente para ellos, no las desempeñarían en modo alguno». En primer lugar, el Ministerio Público analiza el nombramiento de Luis Guerrero, «destacado militante del PSOE de Málaga y miembro de su Ejecutiva Provincial», como director del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, y señala que fue en julio de 2012 cuando el acusado le ofreció la posibilidad de incorporarse a la Consejería de Cultura y Deporte para desempeñar funciones relacionadas con dicha Consejería en la ciudad de Málaga. En este sentido, y como quiera que el organigrama administrativo de la Consejería del ramo «no contempla la existencia de un puesto de trabajo de esta naturaleza y cometidos», el ex consejero «decidió utilizar» el de director del CAF que se acababa de dejar vacante al no renovar en el cargo a su anterior titular. Una vez aceptado dicho ofrecimiento, Luis Guerrero renunció al puesto de coordinador del Grupo Socialista en la Diputación de Málaga que hasta ese momento desempeñaba, siendo «inmediatamente» nombrado director del CAF por Luciano Alonso mediante dos órdenes distintas, la última de las cuales estuvo vigente hasta el 16 de junio de 2015, cuando se produjo el cese a petición propia de Guerrero.

El fiscal relata que, «tal y como desde un primer momento acordaron el acusado y Luis Guerrero, durante todo el tiempo en que éste último ocupó el puesto de director del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco no desempeñó ninguna de las funciones» que eran inherentes al cargo.

A ello se suma que, «durante los casi tres años que Luis Guerrero percibió el sueldo presupuestariamente asignado al puesto, continuó residiendo en la ciudad de Málaga y ni siquiera visitó la sede oficial» del CAF «que debía dirigir», ubicada en Jerez de la Frontera (Cádiz) y cuyos trabajadores «incluso desconocían que contaban con un director».

La Fiscalía recuerda que «la posible responsabilidad penal» en que hubiera podido incurrir Luis Guerrero ya fue descartada por el instructor de las diligencias seguidas en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por medio de un auto de julio de 2016 luego confirmado por la Sala de lo Civil y Penal, al entender que «ninguna participación tuvo en el dictado de las resoluciones administrativas en base a las cuales prestó sus servicios como eventual en la Junta».

En relación al nombramiento de Alejandro J. Cárdenas como director del Centro Andaluz de la Imagen o Filmoteca de Andalucía, el Ministerio Público afirma que, a raíz del cese de Mar Moreno como consejera de Educación el 9 de septiembre de 2013, se produjo también el de todos los miembros de su gabinete, entre los que se encontraba el propio Alejandro J. Cárdenas, «hijo de Carmen Peñalver, íntima amiga de la consejera y miembro destacado del PSOE de Jaén».

Le acusa de un delito continuado de prevaricación por contratos a allegados al PSOE