La Junta maniobra para exculpar al cargo investigado por prevaricación en el «caso Infoca»

El consejero de Medio Ambiente autorizó que el gabinete jurídico se hiciera cargo de su defensa. Su abogada pide que se archiven las diligencias contra él y enmarca la denuncia originaria en una «vendetta» de un funcionario que expedientó

No es fácil cerrar los ojos ante una investigación judicial. La Junta ya lo sabe. Es más, se ha hecho cargo de la defensa de varios de sus cargos que se han visto envueltos en algunas de las que penden sobre ella. Esto es lo que ha ocurrido con el jefe del servicio de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, A. M. L., investigado en el llamado «caso Infoca», que prendió por la denuncia de un funcionario de ese departamento, J. G. D., en la que advirtió de irregularidades en el procedimiento de licitación de los contratos de servicios de fletamento de medios aéreos para la lucha contra incendios y, en particular, en la adjudicación relativa al periodo 2015-2018. El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, autorizó que el gabinete jurídico del Gobierno andaluz asumiera su representación, agarrándose al Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, que regula el funcionamiento de éste, según se recoge en una orden a la que ha tenido acceso LA RAZÓN; y la encargada de esa representación es una letrada que ahora trabaja dentro de las vías legales para intentar fisurar las bases de la acusación contra A. M. L.

Se le atribuye un presunto delito de prevaricación por no haber determinado, en calidad de presidente de la Mesa de Contratación de la adjudicación ahora bajo sospecha, dar traslado a la Agencia de Defensa de la Competencia de un supuesto caso de colusión de empresas –un pacto entre un grupo para cerrar el paso a otras mercantiles interesadas en ofertar–, «habida cuenta del escaso número» de sociedades que «se presentaron a la licitación», de «la postulación de ellas a un lote o a unos lotes determinados» y de «los precios» que esas entidades «presentaron a la Administración dentro del procedimiento» del concurso público. Así se reconoce en un escrito presentado por la abogada del jefe de servicio, consultado también por este periódico, en el que pide el archivo definitivo de las diligencias en lo relativo a él. ¿En qué sostiene su solicitud? En abrir el foco para apuntar a otros. Asegura que la actuación del cargo de la Junta no fue contraria a derecho, ya que «se decidió en el seno de la Mesa de Contratación que no era preceptivo efectuar comunicación alguna a la Agencia de la Defensa de la Competencia y que procedía seguir adelante con el procedimiento de contratación». Una decisión que, según el investigado, estaría avalada «por argumentos tanto jurídicos como técnicos», que expone al juzgado. A esto se añade, en el profuso escrito de doce páginas, que su actuación no se produjo «con la finalidad de hacer efectiva» su «voluntad particular», sino con la de «dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en la legislación de contratos del sector público», según las cuales, es el órgano de contratación –que no la mesa que él presidió, que sólo propone adjudicatario– el que debe trasladar al mencionado órgano de defensa de la competencia de la existencia de «una práctica concertada entre empresas» si la hubiera.

Y hay más. Pone sobre la mesa la sospecha de que el acusado es víctima de una cierta «vendetta» ,al vincular la denuncia embrionaria de la causa a «una situación de animadversión personal» del funcionario que la interpuso contra el alto cargo, su superior jerárquico, y la persona «a cuya instancia fue abierto contra el denunciante, en su momento, un expediente disciplinario por cuestiones estrictamente atenientes a su actitud ante el trabajo que le corresponde realizar como funcionario del servicio de contratación» de la consejería que coordina Fiscal. Punto en el que se alude además a un «elenco de procedimientos penales» incoados por el funcionario a raíz de la apertura de aquel expediente. Por ello pide al juzgado que se dicte un auto de sobreseimiento libre y archivo definitivo de las diligencias de investigación, al no revestir los hechos los caracteres de delito. Si bien, se da la circunstancia de que el funcionario aludido llevó a los tribunales, por la vía contenciosa-administrativa, la medida disciplinaria que se tomó contra él y le dieron la razón. Junto a ello, este diario ha podido saber que el cargo público intentó con posterioridad acusar a J. G. D. de haber promovido contra él una denuncia falsa, pero la Justicia archivó el asunto.

La titular del juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla que coordina el proceso del Infoca, María de los Reyes Flores, ha unido el escrito de la defensa del jefe de servicio a la causa, según consta en una providencia fechada el pasado 3 de febrero, pero aún no ha movida ficha. Lo que sí ha hecho es citar a declarar el 9 de marzo al funcionario, en calidad de denunciante y a petición de la Federación sevillana de Ecologistas en Acción, personada en la causa. Igual a raíz de esa cita se desvela cuál de los dos, acusador o acusado, cayó en las tentaciones de las que se culpan entre sí.