La Junta prima en el nuevo reglamento de Intervención el control a posteriori

La Junta de Andalucía tiene previsto modificar el reglamento por el que se regula el funcionamiento de la Intervención General de la Administración autonómica. Lo hará por varios motivos, aunque el principal es que el actual fue aprobado en 1988 y es necesario actualizarlo. El texto que prepara la Consejería de Hacienda y Administración Pública, consultado por este periódico, advierte de que en la nueva norma habrá una apuesta más firme por el control a posteriori en lugar del control previo –considerado para muchos como más garantista– y aboga por la «ruptura de la tradicional dicotomía, según la cual la administración general se sometía a control previo, mientras la administración instrumental quedaba sujeta a control financiero».

El texto considera que «a partir de ahora, en el ámbito de las entidades instrumentales podrán aplicarse procedimientos de control previo, incluso con carácter vinculante y, sobre todo, el control financiero debe convertirse en una técnica habitual en la administración general, especialmente para determinados tipos de operaciones o gastos. En consecuencia, se puede afirmar que en el Reglamento ambas modalidades de control se encuentran en pie de igualdad; incluso, podría decirse que cabe identificar en el texto una ligera inclinación hacia el control financiero posterior, en cuanto más adecuado para el logro y la evaluación de la eficacia y la eficiencia y más atemperado a los tiempos actuales y sus exigencias».

El trabajo de este organismo ha sido objeto de atención especial en los últimos años, vinculado al escándalo de los ERE. De hecho, el pasado miércoles declaró en el juicio sobre el procedimiento específico de los ERE el ex interventor general Manuel Gómez, para el que la Fiscalía pide seis años de prisión y 30 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación. Gómez es actualmente interventor de la Agencia Tributaria de Andalucía y participa en la comisión para reformar el reglamento de la Intervención de la Junta.

De hecho, el texto incide en algunos de los aspectos que ha denunciado el ex interventor general en los últimos años: la indefensión o poca claridad que el reglamento vigente atribuye a los interventores en los casos que detecten irregularidades. El borrador califica el alcance del control como «una de las piedras angulares de este Reglamento» y admite que el hecho de que el «carácter de la función de control interno haya resultado controvertido en los últimos años, ha aconsejado su consagración legal con el máximo rango, de modo que quede despejada cualquier duda al respecto».

Con respecto a los informes de actuación –uno de los principales reproches que en el caso de los ERE se le ha hecho al ex interventor general– el nuevo reglamento también detalla cómo deberá emitirse. Así, el capítulo IV, dedicado al control financiero que se realiza sobre las entidades instrumentales, las fundaciones o los consorcios, incluye «el procedimiento que ha de seguir el ente auditado para la implantación de las recomendaciones, así como el plazo en el que debe comunicar las medidas adoptadas». Y «como consecuencia de la implantación de las recomendaciones se han previsto los supuestos en los que procede emitir un informe de actuación como consecuencia de las medidas llevadas a cabo por el ente controlado a la vista de las recomendaciones emitidas».

La revisión de la norma se completa con cambios debido a las exigencias de rendición de información económico-financiera ante instancias nacionales y europeas y en la gestión de fondos europeos.

Crecen las empresas públicas

Una de las críticas más frecuentes de los sindicatos de funcionarios a la Junta de Andalucía es cómo la administración general ha ido menguando en beneficio del sector público empresarial. La Intervención General lo constata y advierte de que «la estructura del sector público de la Junta de Andalucía se ha visto

modificada sustancialmente» y apunta «que numerosos servicios y actividades que en 1988 se gestionaban a través de la

administración general hoy lo son a través de entidades instrumentales» lo que exige cambios en el control.