La UDEF advierte de la falta de control en la concesión de fondos para cursos

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha advertido en el último informe elaborado sobre el presunto fraude en los fondos de formación para desempleados falta de control a la hora de conceder los fondos y en la justificación posterior de los programas formativos.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha advertido en el último informe elaborado sobre el presunto fraude en los fondos de formación para desempleados falta de control a la hora de conceder los fondos y en la justificación posterior de los programas formativos.

Los investigadores han realizado un exhaustivo y voluminoso informe que se centra en casi una veintena empresas de Málaga y provincia que obtuvieron subvenciones públicas en la convocatoria de 2010, según han confirmado a Efe fuentes cercanas al caso.

El informe, que ha necesitado de varias cajas más un soporte informático en DVD, será estudiado en los próximos días por los investigadores para determinar si el caso tiene relevancia penal y debe ser judicializado.

Las pesquisas se centran en diecisiete empresas privadas, desde academias a escuelas de masaje, con un objeto social en el que indicaba "actividad educativa y formativa"y obtuvieron ayudas públicas en la convocatoria de 2010 por un montante de dos millones de euros.

El caso se inició tras las irregularidades detectadas por la Seguridad Social, que fue lo que activó la alarma y provocó la investigación por parte de la Unidad Central de Delincuencias Económica y Fiscal (UDEF).

Ahora la UDEF ratifica las supuestas irregularidades que se detectaron, entre ellas falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se le concedió los fondos y también un supuesto incumplimiento en la contratación del sesenta por ciento de alumnos o posibles irregularidades en los partes de asistencia.

Los agentes determinan en sus informes que pudo haber falta de control a la hora de conceder los fondos y en la justificación posterior de los programas formativos.

La Fiscalía Anticorrupción de Málaga lleva desde mayo de 2013 investigando el supuesto fraude y la Fiscalía Superior de Andalucía emitió el pasado abril un decreto en el que afirmaba que había indicios de delito en el uso de las subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para el empleo.

El decreto firmado por el Fiscal Superior, Jesús García Calderón, se realizó tras el informe hecho por la Policía Judicial después de conocer el documento de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas de 2009 y 2010, que fueron de 798 millones de euros.