Ultiman denuncia contra la Junta por «retener» el dinero del canon del agua

El canon del agua acabará en los tribunales. La patronal de obra pública Ceacop prepara una denuncia contra la Consejería de Medio Ambiente por no destinar el dinero recaudado por este impuesto a la mejora de infraestructuras, tal y como recoge la Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas para Andalucía. En concreto, los constructores van a presentar en las próximas semanas una reclamación a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con un informe sobre la situación actual de la contratación de obras de saneamiento y depuración en Andalucía.

La sección primera del capítulo 2 de la citada normativa señala, de manera general en su artículo 73, que «el canon de mejora grava la utilización del agua de uso urbano con el fin de posibilitar la financiación de las infraestructuras hidráulicas de cualquier naturaleza correspondientes al ciclo integral del agua de uso urbano, tanto en el ámbito de actuación de la Junta de Andalucía como en el de las entidades locales situadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía».

La clave está en la sección segunda dedicada al «canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma». Señala la norma en su artículo 79 que la naturaleza de este impuesto «tendrá la consideración de ingreso propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía de naturaleza tributaria». Más adelante –artículo 80–, aclara que «los ingresos procedentes del canon de mejora quedan afectados a la financiación de las infraestructuras de depuración declaradas de interés de la Comunidad Autónoma». Y prosigue: «El pago de intereses y la amortización de créditos para la financiación de las infraestructuras antes mencionadas podrán garantizarse con cargo a la recaudación que se obtenga con el canon».

El mismo marco legal se contempla, en la sección tercera, para el «canon de mejora de infraestructuras hidráulicas competencia de las Entidades Locales». Nuevamente se especifica (artículo 92) que «los ingresos procedentes del canon de mejora quedan afectados a la financiación de las infraestructuras hidráulicas de suministro de agua potable, redes de saneamiento y, en su caso, depuración».

El 10 de noviembre de 2010, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se declaraban de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía 300 obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de la región. La inversión anunciada por el entonces consejero de Medio ambiente, Juan José Díaz Trillo, era de 1.765,96 millones de euros e iba a posibilitar la creación de 28.400 puestos de trabajo. Este paquete de infraestructuras era «necesario» para cumplir el mandato de la Directiva Marco de Agua de la Unión Europea, que obliga a los estados miembros a alcanzar el total tratamiento de las aguas residuales en el horizonte de 2015.

Según rezaba el acuerdo «las obras, fundamentalmente de construcción, adecuación y ampliación de depuradoras y colectores, elevarán el nivel de saneamiento de aguas en la comunidad autónoma desde el actual 90% de población servida al 100% que fija la norma europea».

Fuentes de Ceacop explican que «lo que vamos a pedir al Fiscal es que investigue dónde está el dinero recaudado a través del canon del agua. Hemos pedido explicaciones a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y no nos lo explican». Entienden que «es fundamental que la Fiscalía actúe en defensa de los intereses de la sociedad, porque el canon lo estamos pagando todos y no se están haciendo las inversiones».

Desde la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA-Andalucía) se hacen la misma pregunta. «La novedad es que no hay novedad», asegura su vicepresidente y portavoz, Antonio Jiménez. Han mantenido contactos con el secretario general de Medio Ambiente y con la directora general de Obras hidráulicas de la consejería, pero no pasan de buenas intenciones.

Jiménez recuerda que el artículo 80 de la Ley de Aguas deja bien claro que «los ingresos procedentes del canon de mejora quedan afectados a la financiación de las infraestructuras de depuración declaradas de interés de la Comunidad Autónoma». Es el caso de las 300 prometidas.

Según los cálculos de ASA, la Junta recauda entre 6 y 7 millones de euros mensuales por este concepto. El canon entró en vigor el 1 de mayo de 2011 y en 2012, según la liquidación provisional del Presupuesto, la cifra ingresada fue de 54.793.724 euros. ASA eleva la cifra actualmente a «mas de 100 millones» y señala igualmente que, «según nuestros asesores jurídicos, ese dinero no se puede tocar».

Jiménez advierte de que «el objetivo de 2015 fijado por la Unión Europea es muy complicado» y las instituciones europeas «pedirán explicaciones».

Recuerda también que «las empresas están pagando con cargo a su tarifa hasta el dinero de los usuarios que no pagan el agua, ya que es un impuesto parecido al IVA». Sin embargo, la Administración no hace nada, motivo de la denuncia que presentará Ceacop.