Un directivo de Faasa admite que el 30% de su sueldo se carga a los cursos

La Policía lo considera el presunto «autor directo» de las «argucias necesarias» para lograr «el máximo de subvenciones» de la Junta y asegura que ese porcentaje llegó al 100 en algún expediente

Las «irregularidades» que la Policía Judicial ha detectado en el ámbito del «caso Infoca» tras estudiar los expedientes de subvenciones concedidas por la Junta a Faasa Aviación, en concreto los relativos a formación, incluyen que «se cuatriplicaba el salario de directivos tales como G. R. A. M.», quien habría pasado de cobrar «3.000 euros mensuales a 13.000», cargándose «una media de un 30%» a «los fondos públicos». Un porcentaje que alcanzó en ocasiones el 40 e incluso el 100 en algún expediente, a la luz de lo averiguado durante la instrucción del proceso. A esto se sumaron, entre el rosario de múltiples anomalías, otros «casos puntuales de abusos en los sueldos», según figura en un informe policial al que ha tenido acceso LA RAZÓN, o la «facturación en cadena a sus propias empresas filiales (Caena) en concepto de alquiler de espacios».

En el transcurso de la investigación, los agentes tomaron declaración a un par de profesores vinculados a las actividades formativas de Faasa como testigos y al propio G. R. A. M., tras detenerlo por su presunta participación en «un delito continuado de estafa y falsedad documental». Las respuestas del último no convencieron a los investigadores.

El directivo de la compañía cordobesa, mecánico de aviones, atribuyó el alza salarial de 10.000 euros a su salto al organigrama de mando de la empresa en 2004 y reconoció que no se debía a «su labor de profesor». Con todo, defendió que si su sueldo era sufragado en parte por las ayudas para formación y subió, debía «seguir siendo» pagado con aquéllas «en la misma proporción». Es más, los investigadores recogen en su atestado que el abogado del directivo quiso aclarar que el criterio seguido en la empresa era que si G. R. A. M. dedicaba «el 30% de su tiempo a la formación», debía «imputarse a la subvención el 30% de su sueldo», fuera cual fuera, aunque su cliente hubiera admitido que su plus no fue consecuencia de las horas de clase impartidas en los cursos.

El declarante achacó las cuantías «desproporcionadas» y «en ocasiones desorbitadas» respecto al profesorado –se llegaron a anotar 2.222 euros por una hora de práctica de vuelo o 5.703,55 por otra de trabajo en algún expediente, de acuerdo a la información que se proporcionó a la Junta para justificar pagos– a «desajustes del programa» informático. Y se agarró al comodín del desconocimiento cuando fue interrogado por las dobles imputaciones de gastos e infraestructuras, como una aeronave adquirida con una subvención de Innovación y luego imputada, parcialmente a otras de formación, o se quiso determinar si para realizar los cursos privados que imparte la entidad se emplea material adquirido con fondos públicos.

Tampoco aclaró demasiado en relación a Caena, entidad que él mismo reconoció que se creó con la intención de separarla de Faasa, pero acabó convertida en mero «nombre comercial» sin infraestructura. Para los investigadores, si ese ente tiene «la misma estructura de personas físicas y pertenece a Faasa», el hecho de que ésta le facture en concepto de alquiler de hangares, por ejemplo, constituye un caso claro de «facturación fraudulenta en cadena». Si bien, el abogado del entonces detenido –fue puesto en libertad tras tomarle declaración– argumentó que las órdenes que regulaban la concesión de las subvenciones permitían lo que denominó «operaciones vinculadas» si se realizaban «por valor de mercado». Punto en el que los investigadores anotan en su informe que se le olvidó mencionar «la segunda exigencia impuesta por la normativa». ¿A qué se referían? A la solicitud de «autorización previa» al órgano gestor que, en los expedientes analizados, «no se observa» que se pidiera. No supo aclarar además por qué se justificó dos veces la nómina de un profesor o por qué se colocó su retribución en «gastos generales».

Preguntado por si se habían duplicado las subvenciones con respecto a personas, es decir, si la compañía había recibido una ayuda de Empleo por contratar a alguien y posteriormente se habían demandado anualmente fondos formativos para abonarle el sueldo como profesor, contestó que «si se podía hacer, se hacía», según consta en el acta de su declaración, a la que también ha tenido acceso este periódico.

La Policía apunta a G. R. A. M. como el presunto «responsable directo o autor directo de las alteraciones o argucias necesarias para la consecución del máximo de subvenciones posibles» procedentes del Gobierno andaluz y del acto de su declaración, a juicio policial, «no se desprenden más que contradicciones e intentos de evasión de la responsabilidad».

Es más, en su atestado se asevera que del interrogatorio que se le hizo no se pudo «extraer ninguna explicación convincente a los abusos detectados», ya que, insisten, a las preguntas que se le formularon contestó «con evasivas, alegando desconocimiento, errores imputables a las aplicaciones informáticas o incurriendo en contradicciones con los sólidos indicios obtenidos previamente». Con todo, fuentes de Faasa niegan que se haya cometido «ilegalidad alguna» en torno a la gestión de los fondos públicos que han recibido para formación. Será el avance del «caso Infoca», en el que se encuentra personada la organización Ecologistas en Acción, el que dé y quite razones.