Colapso en los juzgados ante millares de demandas de cláusulas abusivas bancarias

«Una auténtica exageración». Así califica el juez decano de Valladolid, Ignacio Segoviano, el número de demandas que han entrado en los juzgados de Castilla y León, relativas a cláusulas bancarias abusivas -en especial aquellas relativas a las cláusulas suelo-. Una situación que está provocando un colapso monumental, desde que el pasado mes de junio el Tribunal Supremo diera la razón a los clientes. Y, hasta ahora, ya son más de 9.000 las demandas que se han presentado en toda Castilla y León, con especial incidencia en Valladolid y en León, donde se superan con amplitud las 2.500.

Esto ha provocado que en la capital vallisoletana se haya tenido que desdoblar unos de sus juzgados, el 4, para dar lugar al 4B, «para que todas esas demandas no contaminen el resto de juzgados, y para que el sistema actual no se vea afectado, si no se colapsaría», indica a LA RAZÓN, Ignacio Segoviano, precisamente en las mismas instancias que se han creado para solucionar este problema, al que van llegando a cuentagotas personal, como un auxiliar judicial o cuatro funcionarios en prórroga de jornada.

Aunque en algunas provincias ya se están dictando las primeras sentencias, el ritmo es lento, debido tanto a la escasez de personal como al alto volumen de casos que llegan «y van a seguir llegando», pese a que se había establecido un sistema para evitar los litigios, que en muchos de los casos -como se puede comprobar- no ha habido una solución favorable para alguna de las dos partes, cliente o entidad bancaria.

Plan de Urgencia

El pasado 1 de junio se ponía en marcha un plan de urgencia por parte del Consejo General del Poder Judicial, con la especialización de Juzgados de Primera Instancia -uno por provincia- para acoger únicamente demandas referidas a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipotecas o multidivisas. «La medida es eficaz, pero con la llegada de más casos, se hace necesaria la presencia de más funcionarios y de más jueces, pero ello ya depende del Ministerio de Justicia».

«El problema es la cantidad y que la juez nombrada en el caso de Valladolid para sus resoluciones, no va a poder dar salida. Date cuenta que hasta que una demanda entra en el juzgado, entre el juicio, testigos y resolución son más o menos tres o cuatro meses. Con lo que hay ahora, los casos pueden demorarse más de dos años», señala Segoviano.

Otro problema es el del espacio físico. En la capital vallisoletana existen catorce juzgados y civiles, y tan sólo hay seis salas para afrontar todos los casos.

También existe el problema de fechas, como sucede en Zamora, donde se contabilizan a estas alturas más de 700 casos, pero el Juzgado de Primera Instancia número 6 no da a basto y ha anunciado que hasta la próxima primavera no comenzarán a dictarse las primeras sentencias.

Pero la principal solución para que el sistema judicial funcione con eficacia y normalidad, sería la creación de nuevos juzgados y el nombramiento de más jueces, como se puso sobre la mesa en las XXVII Jornadas Nacionales de Juezas y Jueces decanos de España celebradas hace un par de semanas en Bilbao, y donde estuvo presente Segoviano.

En la actualidad hay 5.692 jueces en España, muy lejos de la ratio europea, que obligaría a contar con 9.600 personal. Y otra de las demandas por la que se aboga es por la entrada en vigor del expediente digital «que no puede suponer más tiempo de trabajo que con el papel».