El "no" por respuesta

Salamanca
La Junta de Castilla y León y el Obispado de Ciudad Rodrigo cerraron un acuerdo, sellado por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el obispo de la Diócesis, Raúl Berzosa, para incorporar casas propiedad de la Iglesia al parque público de vivienda de alquiler social del Ejecutivo autonómico como forma de luchar contra la despoblación. El convenio incluye un periodo inicial de cuatro año y el objetivo es facilitar la puesta a disposición de los hogares de la Iglesia que se encuentran en desuso para las familias de los pueblos. Una vez firmado el protocolo, la Consejería procederá a su rehabilitación para que estén listas para vivir en ellas. «Ofrecemos así una iniciativa novedosa para que exista un acceso barato y digno a la vivienda y repoblar los municipios rurales», subrayó el consejero.
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