Se oponen a penalizar a los ayuntamientos que no rindan cuentas

El pasado jueves, el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Encabo, alertaba de que apenas el 16,79 por ciento de las entidades locales de Castilla y León lo había hecho.

El pasado jueves, el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Encabo, alertaba de a falta de un mes para que termine el plazo para que los ayuntamientos rindan cuentas, apenas el 16,79 por ciento de las entidades locales de Castilla y León lo había hecho, y mostraba su preocupación por este escaso porcentaje.

La ley reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León, en su artículo 13, plantea la posibilidad de imponer multas coercitivas a los consistorios que incumplan con esta su obligación anual. Si bien, los importes de las mismas se deben establecer en las sucesivas leyes de acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad, que cada año presenta la Junta. Y para ello, se requiere la modificación de la ley de Medidas Tributarias así como la firma de un convenio con la Consejería de Economía y Hacienda para la recaudación de las multas.

Ante esta situación, los principales grupos representados en las Cortes de Castilla y León se oponen a que se multen a las entidades locales así como a que se condicionen las subvenciones para las entidades locales de la Comunidad que no cumplen con su obligación de rendir la cuenta general, como también se prevé en la normativa. Y se decantan por informar más y mejor antes que por penalizar. «Esta debe ser la última opción», señalan procuradores de los distintos grupos, en declaraciones recogidas por Ical.

Desde el PP, su portavoz de Hacienda, Salvador Cruz, explica que siempre han sido contrarios a condicionar las subvenciones a la rendición de las cuentas al entender que se culpabiliza a los ciudadanos de una responsabilidad que corresponde al alcalde y la corporación municipal. Cruz tiene claro que lo primero es la concienciación y el asesoramiento a través de las oficinas de las diputaciones provinciales, y que recoger medidas coercitivas sería «la última salida».

El socialista Javier Izquierdo, por su parte, comparte esta opinión, y considera que se debe hacer un esfuerzo para que cumplan de manera voluntaria con esa obligación. Y apunta a una función de difusión y de recuerdo por parte de Junta y diputaciones de la necesidad de cumplir con una obligación que entiende que es positiva para los ciudadanos para conocer en qué se gasta el dinero público. Desde Podemos, Félix Díez dice que la mayoría de los alcaldes y concejales de municipios pequeños no perciben sueldo y que son las instituciones menos endeudadas, y por ello cree que antes de actuar hay que ver todos los datos, «porque legislar en caliente no es prudente».

Finalmente, desde Ciudadanos, Belén Rosado llama la atención sobre los recortes en personal, y apuesta por la colaboración institucional, por eliminar burocracia y por incidir en la formación para mejorar la rendición de cuentas.