La Audiencia avala las escuchas a los imputados de la trama de las ITV

La Audiencia de Barcelona ha avalado la validez de las escuchas telefónicas y los mensajes de texto que forman parte de la investigación de la presunta trama para la adjudicación irregular de las estaciones de ITV en Cataluña. El tribunal rechaza los recursos de tres empresarios imputados en esta causa.

El tribunal tomó esta decisión después de que la juez instructora del caso apuntó que estas escuchas telefónicas son «datos objetivos» que pueden suponer «delitos graves». La trama, en la que se mantiene imputado al diputado de CiU Oriol Pujol, presuntamente quería amañar el mapa de adjudicación de las ITV.

Los autos de la Audiencia desestiman los recursos de las defensas de los empresarios imputados Sergi Alsina, Ricard Puignou y Sergi Pastor, que pidieron anular las escuchas de sus teléfonos, lo que habría provocado anular algunas de las acusaciones. En este proceso, estas intervenciones suponen la principal prueba de cargo contra los imputados.

Respalda la Audiencia la legalidad de estas intervenciones, al considerar que las escuchas se acordaron no en base a «meras sospechas, ni valoraciones anímicas», sino apoyadas en datos comprobados, que apuntan a que los imputados querían perpetrar una actividad ilícita, facilitada por el acceso a CiU al mando de la Generalitat.

«Beneficio ilícito»

En opinión del tribunal, de las conversaciones telefónicas intervenidas se desprende que la intención de los implicados era «montar una trama» entre personas con influencia en las administraciones, para «manipular la contratación pública en determinados sectores y obtener un ilícito beneficio económico».

Según señala la sala, estos indicios apuntan a un «posible tráfico de influencias», por lo que se considera que las intervenciones telefónicas son una medida «proporcional al delito o delitos que se pueden cometer por concretas personas, que coincidieron en persona, tuvieron contactos telefónicos, celebraron reuniones y, pergeñando la famosa sociedad que les permitirá canalizar su actividad ilícita, actividad de especial interés pues afecta a dinero público».

El auto de la Audiencia añade que «basta leer las conversaciones transcritas y acompañadas con cada uno de los oficios policiales que preceden a la medida acordada (...) para deducir su alto contenido incriminatorio». Argumenta el tribunal que los mensajes de etxto intervenidos «son tan relevantes como las escuchas telefónicas».

En el auto, la Audiencia concluye que «se superan de forma holgada los cánones constitucionales exigibles» para acordar las intervenciones telefónicas, que «podrían considerarse indicios de delito». En su recurso, el empresario Sergi Alsina solicitó la nulidad de las escuchas alegando que la intervención de sus teléfonos respondía a una maniobra «espuria y nula» porque lo que pretendía era acceder a las comunicaciones de Oriol Pujol, que a su juicio ha estado «en el punto de mira desde el primer momento».

Sin embargo, la Audiencia ha rechazado ese argumento al concluir que la investigación se inició respecto a Sergi Alsina «y no es hasta más tarde cuando aparece el nombre de Oriol Pujol».