La Generalitat premia al fiscal que defendió la consulta soberanista

La Generalitat galardonó ayer con el Premi Justicia 2013 al ex fiscal superior de Cataluña Martín Rodríguez Sol, que en su momento generó una polémica al mostrarse favorable a la celebración de la consulta soberanista del derecho a decidir. Por este motivo presentó su dimisión en marzo, tras la apertura de un expediente. Lejos de dar marcha atrás, Rodríguez Sol insistió en la misma línea en su discurso.

Sin muchas concreciones, Rodríguez Sol señaló que «las leyes nunca pueden ser cadenas para impedir soñar, deben ser caminos de paz y que nos permitan llegar allí donde queremos llegar», seguramente en referencia a la Constitución. No hizo ninguna mención directa a la apertura del citado expediente por parte del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce.

«Realidad catalana»

El Govern entregó este galardón a Rodríguez Sol «en reconocimiento a su trayectoria profesional al servicio de la Justicia, por la dignidad y profesionalidad con la que ejerció su cargo y por la sensibilidad mostrada hacia la realidad catalana». Tras recibir el premio, obtuvo una fuerte ovación por parte de los asistentes a la ceremonia.

Rodríguez Sol también indicó en su discurso que «la ley debe buscar siempre el bien común, los juristas deben buscar la verdad y defenderla». Sin mencionar en ningún momento las palabras «Constitución», «expediente», «dimisión» e «independencia», lamentó que «últimamente se pueda decir de todo de cualquiera anteponiendo la palabra 'presunto', se abusa de esta palabra». Lamentó que «la presunción de inocencia se haya transformado en presunción de culpabilidad».

También argumentó que «cada cual con su conciencia ha de ser responsable de lo que hace, y si no, con su pan se lo coman». El fiscal aseguró que con sus palabras quiso transmitir en sus palabras una especie de «testamento», en el que abogó por «profundizar en el derecho a la verdad por parte de los juristas».

Por su parte, el president de la Generalitat, Artur Mas, consideró que desde determinados estamentos de la política y de los medios de comunicación «se presiona ambientalmente» a algunos ámbitos judiciales y, desde éstos, «se hace a la inversa», en alusión a Rodríguez Sol y sus opiniones sobre la consulta en Cataluña.

Mas citó, por otra parte, los grandes asuntos pendientes del ámbito judicial, como el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la implantación de la oficina judicial en Cataluña, el anteproyecto de Ley de Planta y Demarcación que impulsa el Gobierno y la creación del Consejo de Justicia de Cataluña. Sin embargo, no quiso desarrollar ninguno de estos temas pendientes, al opinar que el centro de atención no está ahí sino «en el día a día de la Justicia».

Piden más catalán en la Justicia

El conseller de Justicia, Germà Gordó, reclamó ayer que el catalán sea un «requisito» para todo el personal de la administración de Justicia en Cataluña. Afirmó que «saber catalán y el Derecho Civil de Cataluña debería ser un requisito y no un mérito para los profesionales que trabajen en esta autonomía», aunque recordó que jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales no dependen de la Generalitat, sino que son un cuerpo estatal. Gordó consideró que se trata de «hacer efectivo un derecho lingüístico de todos los ciudadanos», y animó a los profesionales del ámbito judicial a «superar la situación de inferioridad en la que se encuentra el catalán».