Una treintena de inmigrantes ilegales deambula por las calles de Poblenou

BARCELONA- Un grupo de unos 30 inmigrantes en situación ilegal deambula por el barrio del Poblenou de Barcelona desde hace unos días. Duermen cerca de una nave de la calle Puigcerdà, espacio del que fueron desalojados hace un par de semanas junto a otros 200 extranjeros sin papeles. Tras ser expulsados de la nave, un grupo formado mayoritariamente por subsaharianos se encerró en la iglesia Sant Bernat Calbó, en el mismo barrio y con permiso del rector para una semana.

Al día siguiente, aceptaron como ya habían hecho el resto el ofrecimiento del Ayuntamiento de alojarse en pensiones y albergues para poder estudiar cada caso con entrevistas personales. El deseo de los inmigrantes es conseguir el arraigo social, primer paso para residir de forma legal en España, pero para lograrlo se tiene que presentar un contrato laboral, y de momento ninguno de ellos lo tiene. Se quejan de que en algunas de las habitaciones de estos alojamientos «tenemos que dormir hasta ocho personas», de que tienen que entrar y salir de ellos a determinadas horas e incluso de que el Ayuntamiento no les facilite el transporte hasta la zona de Poblenou.

Por eso, han decidido dormir en la calle cerca de sus sitios de reciclaje de chatarra, con el apoyo de la Asamblea Solidaria contra los Desalojos. Esta entidad acusó ayer al Ayuntamiento de «incumplir sus promesas de otorgar el arraigo social a estos ciudadanos». La realidad es que la situación de estos extranjeros hace imposible que puedan conseguir este documento, y que el Consistorio no tiene en ningún caso las competencias, que pertenecen a la Generalitat y, en última instancia, a la Delegación del Gobierno.

Sin contratos de trabajo

Fuentes del Ayuntamiento explicaron a LA RAZÓN que «durante este mes realizaremos entrevistas personales a cada inmigrante para conocer sus necesidades». Estos encuentros obviamente sólo se realizarán con los extranjeros alojados en las pensiones y albergues. Por su parte, el comisionado de la alcaldía para la Inmigración, Miquel Esteve, confirmó que «lo máximo que podemos hacer es recomendar dar el visto bueno al certificado de arraigo social». Esteve añadió que los inmigrantes le han propuesto crear «cooperativas de recogida de chatarra», pero el Consistorio lo considera «inviable, porque necesitaríamos más de 300.000 euros».

La conselleria de Bienestar Social recordó que abrió un proceso entre el 18 y 25 de julio para tramitar en 24 horas los informes de arraigo social a quienes lo pidieran. Hubo ocho solicitudes y acabaron todas ellas con resultados desfavorables al no tener ningún contrato laboral. Por su parte, la Delegación del Gobierno denegó otras dos peticiones por el mismo motivo.