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El juez multa al Ayuntamiento por no pagar un plus a la Policía

El Consistorio de Valencia deberá identificar al funcionario responsable de no pagar los cerca de cinco millones que adeuda a la Policía y los Bomberos por el plus de peligrosidad

  • Los policías tienen reconocido el complemento específico de peligrosidad desde 2011
    Los policías tienen reconocido el complemento específico de peligrosidad desde 2011 / Kike Taberner
Valencia.

Tiempo de lectura 2 min.

11 de diciembre de 2017. 20:11h

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Toni RAMOS .  Valencia. 12/12/2017

El Juzgado de Lo Contencioso-Administrativo número 7 de Valencia ha requerido al Ayuntamiento de la ciudad para que identifique al «funcionario responsable del cumplimiento de la sentencia para imposición de algunas de las multas previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa», por no haber cumplido la sentencia de fecha 29 de mayo de 2016 que obligaba al Consistorio a pagar a cada policía local y bombero la cantidad aproximada de dos mil euros en concepto de peligrosidad.

Como ya informó LA RAZÓN en julio de este año, los cinco millones de euros se corresponden con un complemento específico, acordado en el Convenio laboral del Ayuntamiento para el periodo 2011-2015, y que suponía el pago de 25 euros al mes, por catorce meses, para cada agente de la Policía y cada miembro del Cuerpo de Bomberos. Esta cantidad se «congeló» en virtud del Decreto Ley 8/2010 de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, asumiendo el Ayuntamiento el compromiso de abonarlos cuando el Gobierno de España lo permitiera. En 2016, el Ayuntamiento adeudaba alrededor de 1.750 euros a cada bomberos y cada policía

Sin embargo, en 2016 el Ayuntamiento propone pagar una gratificación a los agentes por la «merma del número de agentes e interés demostrado en el servicio». Dicha gratificación es de 1.500 euros y pretende que el complemento de peligrosidad esté incluido en la misma, como un complemento de productividad, y no como específico de cauerdo con lo pactado con anterioridad.

Este pago de la gratificación fue acordada por la Mesa General que reúne a los sindicatos UGT, CCOO, STA, CSIF y SPPLB, pero donde no está representado el Sindicato de Policías Locales (SIPOL,) que recurrió esta decisión inmediatamente.

El Sindicato de Policías Locales, después de recurrir ante el Ayuntamiento y recibir como respuesta el silencio administrativo, presentó escrito en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 7 para que se ejecutara la sentencia que obligaba al pago, y la juez le dio la razón.

El Ayuntamiento recurrió al Supremo en casación y el Alto Tribunal ni siquiera admitió el recurso, reiterando así la obligación de pagar.

Ahora, el sindicato Sipol ha explicado que el juez inicia procedimiento para sancionar la desobediencia del Ayuntamiento con multas al funcionario responsable que pueden ir de 150 a 1.500 euros.

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