Caso Gürtel

Una imputada admite irregularidades en los contratos de la «Gürtel» del PSOE

Una abogada del Estado relata malas prácticas entre Vivienda y la empresa Crespo Gomar

Etelvina Andreu con Rodríguez Zapatero durante un mitin en 2007 / Efe
Etelvina Andreu con Rodríguez Zapatero durante un mitin en 2007 / Efelarazon

Una abogada del Estado relata malas prácticas entre Vivienda y la empresa Crespo Gomar.

Una abogada del Estado imputada en la causa en la que se investiga la adjudicación de un contrato de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2012 que pudo servir para financiar al PSPV, reconoció ayer irregularidades administrativas en el acta de contratación, si bien se desvinculó de ellas.

Irene Domínguez, que fue subsecretaria del Ministerio de Defensa con el ministro popular Pedro Morenés en 2012, declaró ayer como investigada ante la titular del juzgado de instrucción número 24 de Madrid, María de las Mercedes Pérez, en relación a la adjudicación por 126.208 euros de un contrato de publicidad institucional a la empresa Crespo Gomar.

También estaba previsto que declarase Nicolás Mateos, el que fuera jefe de Gabinete de la ex ministra socialista de Vivienda Beatriz Corredor, y la entonces responsable de Comunicación, Eva Cuesta. Sin embargo, en su condición de funcionarios públicos ambos solicitaron que les defienda la Abogacía del Estado, por lo que sus comparecencias se tuvieron que aplazar.

Domínguez formó parte de la Mesa de Contratación que dio el visto bueno a adjudicar el contrato de publicidad institucional a Crespo Gomar, la empresa que presentó la mejor oferta económica, pero no técnica.

La investigada admitió en su declaración que hubo irregularidades administrativas en las actas de contratación, de las que según ella fue consciente posteriormente e insistió en que se limitó a hacer su trabajo.

El contrato se firmó el 29 de diciembre de 2008, dos días antes de que finalizase el plazo de ejecución. No obstante, un informe pericial de la Intervención General del Estado, según reconoció la propia Domínguez, corroboró la capacidad legal del responsable de firmar el contrato hasta el 5 de enero siguiente. Domínguez declinó responder si sabía si Crespo Gomar pudo financiar a los socialistas valencianos .

En esta causa también figura como investigado el antiguo subsecretario de Vivienda Marcos Vaquer, cuya declaración se suspendió sin fecha. La magistrada investiga a todos ellos por los delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos.

Paralelamente, en otro juzgado de Madrid están imputados por los mismos delitos dos ex altos cargos del ex ministro socialista de Sanidad Bernat Soria: Etelvina Andreu, antigua directora general de Consumo (que fue candidata a la Alcaldía de Alicante en los comicios municipales 2007), y Consuelo Sánchez Naranjo, ex subsecretaria de Sanidad y Consumo.

La investigación comenzó en 2016 en un juzgado de Valencia, que apreció indicios de que estas y otras adjudicaciones podrían haber servido para financiar campañas del PSPV en 2007, y que posteriormente se inhibió a favor de juzgados territoriales de Madrid, Benidorm y Gandía, al considerar que los hechos supuestamente delictivos se produjeron en estas ciudades.

Actualmente hay 24 personas imputadas. El PPC critica que a día de hoy no se ha producido ninguna dimisión de aquellas personas que mantienen un cargo público, como el ex alcalde de Benidorm, y ahora concejal del PSPV, Agustín Navarro.