Dancausa recurre el cese de la interventora de Cibeles

La Abogacía del Estado considera insuficientes los argumentos del Gobierno de Ahora Madrid.

La relación entre la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, no deja de tensarse. Desde que Ahora Madrid gobierna en la ciudad, han sido varios los roces entre Dancausa y la regidora, que han pasado del mero cruce de declaraciones hasta llegar a los tribunales. Esta misma semana, el Ayuntamiento de Madrid y, especialmente, la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, pusieron mucho empeño en dar a conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que se rechazaba la denuncia de la delegada a las cláusulas sociales en la contratación municipal. Por su parte, hace quince días Dancausa ponía los puntos sobre las íes a Carmena respecto al «carné de ciudadanía» que ésta proponía para los manteros y la regularización de las okupaciones de las que la Delegación del Gobierno ha recibido centenares de denuncias.

Ahora, de nuevo vuelve a haber un cruce de reproches, oficial en este caso, entre la Delegación y el consistorio madrileño, esta vez a cuenta del cese de la Interventora General del Ayuntamiento, Beatriz Vigo. Siguiendo órdenes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la Delegación del Gobierno ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la destitución de Vigo puesto que no está adecuadamente motivado. El Ayuntamiento de Madrid solicitó en mayo la sustitución de la interventora, dentro de su «apuesta firme por el reforzamiento del control interno de la actividad municipal», según explicó el delegado de Hacienda municipal, Carlos Sánchez Mato en su misiva a la secretaría de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda.

Debido a la vaguedad de los argumentos esgrimidos por el consistorio, la Secretaría General del Ministerio de Hacienda reclamó al Ayuntamiento de Madrid que instruyese un expediente en el que se incluyese la posibilidad de que la interventora hiciese alegaciones a los motivos de su cese. Máxime cuando en la carta enviada por Sánchez-Mato se reiteraba que «no se han planteado obstáculos a la gestión ni se han puesto de manifiesto reparos sustanciales», así como que la corporación municipal reconocía «su extensa trayectoria profesional, su amplia capacitación y su entrega en el desempeño de su puesto».

Ante la insistencia del Ayuntamiento en cesar a Beatriz Vigo, la Secretaría General del Ministerio de Hacienda elaboró un informe en el se señalaba que la competencia para esta destitución es estatal «para garantizar y reforzar la independencia de estos funcionarios con respecto a las Corporaciones locales», y recordaba la necesidad de una motivación suficiente para ello. En este sentido, consideraba que la justificación del Ayuntamiento de «nuevas necesidades técnicas», resulta «claramente insuficiente» ante la falta de argumentos por parte del equipo de Carmena, e insistía en que «no han quedado acreditadas las circunstancias de pérdida o falta de idoneidad exigidas jurisprudencialmente».

Pese a este informe desfavorable, el Ayuntamiento destituyó a la interventora el pasado 23 de junio, siendo el cese denunciado tanto por los grupos de la oposición como por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local. Del mismo modo, el Ministerio dio instrucciones a la Delegación del Gobierno para que requiriese al consistorio madrileño explicaciones de la destitución, a la vez que pedía un informe a la Abogacía del Estado que consideró viable el recurso contencioso-administrativo al cese de Vigo. Al rechazar, el pasado 2 de septiembre, el equipo de Manuela Carmena el requerimiento del Ministerio de Hacienda, la delegada del Gobierno presentó, con fecha 21 de septiembre, el correspondiente recurso ante los tribunales.