La Comunidad de Madrid rechaza que Carmena fije la precontratación de los VTC

Garrido asegura que no apoyará ninguna medida que suponga la eliminación de la competencia para el taxi

El giro táctico del taxi en Madrid ha hecho agua. Ante la negativa del Gobierno regional de Ángel Garrido a introducir un tiempo mínimo de precontratación para los servicios VTC a imagen y semejanza del aprobado por la Generalitat de Cataluña, el sector había dirigido ahora sus miradas al Ayuntamiento de la capital. Las asociaciones del taxi presentaron ayer a la Comunidad de Madrid una nueva propuesta de regulación automática de los VTC que propone que sea el Ayuntamiento de Manuela Carmena el que fije «el tiempo y la distancia» para contratrar uno de estos vehículos en una ordenanza en la que siguen trabajando con sus abogados «para que no pueda ser tumbada», ya que augura que las empresas que operan las licencias de este tipo de vehículos, como Uber y Cabify «denunciarán». Pero su pretensión ha caído en saco roto. Garrido ha declarado esta mañana a los periodistas que si el sector del taxi pretende conseguir la contratación previa de los vehículos de transporte con conductor (VTC) por la "vía Colau"o por la "vía Carmena", la Comunidad de Madrid no lo va a aceptar. El Gobierno madrileño no va a aceptar nada que suponga la desaparición de los VTC en la Comunidad de Madrid, porque es positivo para la competencia y porque es un servicio que demandan los ciudadanos, ha subrayado el presidente regional, quien ha afirmado que cualquier acuerdo tiene que ser consensuado con los dos sectores.

Desde que los taxistas madrileños decretaron el cierre patronal hace once días, su principal reivindicación ha sido que la Comunidad de Madrid introduzca en su reforma exprés un periodo mínimo de precontratación de los VTC. Sin embargo, Garrido se ha negado en redondo a acceder a esta petición argumentando que supondría la extinción del sector de los vehículos de alquiler con conductor. Una afirmación que parece corroborar el hecho de Uber y Cabify anunciaran ayer que a partir de hoy dejarán de operar en Barcelona tras la decisión de la Generalitat de obligar a contratar sus servicios con quince minutos de antelación.

Cerrada la vía autonómica, los taxistas plantean ahora saltarse al Ejecutivo regional y que sea directamente el consistorio de Carmena el que establezca su anhelada precontratación con una propuesta suavizada al eliminar el requisito de que el tiempo de precontratación sea de al menos una hora. Podemos se ha posicionado claramente a favor del taxi en su enfrentamiento con los VTC y ahora el sector busca esa complicidad para que se atiendan sus reivindicaciones.