Los taxistas volverán a manifestarse el día 29 por la concesión de nuevas licencias VTC

La decisión del Supremo abre la puerta a que lleguen otros 10.000 nuevos permisos.

No por esperada, la sentencia del Tribunal Supremo que abre la puerta a la concesión de 10.000 nuevas licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC), las que usan Uber y Cabify, ha caído mejor en el sector del taxi. Desde hace meses, se esperaba esta decisión, que volverá a ser contestada por el sector del taxi en la calle. Fedetaxi ha anunciado nuevas movilizaciones para el próximo día 29 para exigir a la administración más control sobre la actividad de estas compañías.

La organización considera que la administración es la responsable de la situación actual. Según su análisis, el vacío legal que hubo entre 2009, cuando se aprobó la Ley Omnibus que liberalizó por completo el sector VTC, y el año 2013, cuando la Ley de Transporte Terrestre limitó las licencias de Uber y Cabify a una por cada 30 de taxi, es el que ha llevado a esta situación. Entre esos años, fueron solicitados miles de permisos para vehículos de alquiler con conductor que fueron inicialmente denegados por las comunidades autónomas, competentes en esta materia. Ahora, los tribunales están dando la razón a sus solicitantes alegando que, en ese momento, no había ninguna proporción de licencias que justificase la negativa autonómica.

Los taxistas advierten de que la llegada de las 10.000 nuevas licencias ocasionará un «absoluto caos» porque motivará la «precarización de miles de puestos de trabajo» y exige a Fomento soluciones. El ministerio considera que está haciendo todo lo que está en su mano. El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, considera que la sentencia se debe a «un aprovechamiento de un vacío legal» y recordó que Fomento está tramitando un real decreto para mejorar el sector. Entre las medidas que incluye está la imposibilidad de vender una licencia VTC en los siguientes años tras su concesión para evitar la especulación y la creación de un registro electrónico en el que se consigne la contratación de los servicios de vehículo de alquiler con conductor. Esta segunda medida pretende que los VTC no puedan recoger directamente clientes en la calle, una de las principales denuncias del sector del taxi. El decreto está pendiente del informe del Consejo de Estado, según explicó Gómez-Pomar.