Un centenar de menas, en manos de las mafias al cumplir los 18

Samir Erraih vino a España con 17 años desde El Aaiún, en el Sáhara Occidental, escondido en un camión. Llegó hasta Motril (Granada) y allí ingresó en un centro de acogida. Permaneció una semana hasta que se montó en un autobús que le trajo a Madrid. Pensó que tendría más oportunidades. Un día fue sorprendido por la Policía, que le pidió la documentación, y directamente ingresó en el centro de menores de Hortaleza. Allí estuvo tres meses hasta que fue derivado a otro centro y, de ahí, a un piso de mayores de edad de la ONG Movimiento por la Paz cuando cumplió los 18 años. Samir ahora tiene 21 y es uno de los afortunados del sistema. Ha estudiado jardinería, ha hecho un curso para ser camarero y estudia la ESO. Quiere tener un trabajo y labrarse un futuro en España. «Es difícil vivir sin tu familia, la gente no se imagina lo que es enfrentarte a eso». Pero no todos corren la misma suerte que Samir. El mismo día que cumplen la mayoría de edad reciben sus pertenencias en una maleta (si la tienen) o en una bolsa de plástico y un sobre con toda la documentación que obre en manos del centro de menores. De ahí, 70 pasan a un piso tutelado que les proporciona herramientas para iniciarse en la vida adulta, que son las plazas que tiene disponibles la Administración regional, pero la realidad es que este año son 207 los que cumplen los 18 años, con lo que 137 quedan fuera. Para ser exactos, en manos del Samur social.

«Pasan a recibir la misma asistencia que un “sin techo”. Tienen el permiso de residencia no lucrativa reconocida por la Administración, pero deben renovarla cada seis meses y no todos saben cómo resolver este trámite complejo. Es por esto por lo que la situación de muchos decae en la ilegalidad y, lo que es peor, en manos de las mafias de la droga o de la trata de personas que saben de la situación vulnerable de estos chicos y que están al acecho para captarles», explica Paula Aznar, de la Red Española de Inmigración, que ayer presentó un informe en la Asamblea de Madrid sobre los menores no acompañados (menas) en la Comunidad de Madrid. Rafael Escudero, director de la ONG, ayer no ocultó su preocupación por el hecho de que a muchos menas se les declare mayores de edad sin serlo y no puedan recibir atención en los centros de menores cuando «tienen que ser reintegrados en el sistema después de un difícil procedimiento judicial que no todas las personas afectadas conocen o pueden afrontar».

La Red Española de Inmigración constata en su informe que no hay un «efecto llamada de menores extranjeros», porque ha bajado el número de llegadas, mientras que paralelamente ha aumentado el número de tutelas en la Comunidad de Madrid (600 en total, 200 más que el año pasado). Sin embargo, «hay una preocupación creciente entre estos menores por el clima que estamos viviendo contra ellos. Es necesario que se adopten medidas para atajar esos delitos de odio de los que estamos siendo testigos. Por eso, hemos presentado, en colaboración con la coordinadora del Tercer Sector una propuesta ciudadana en la Asamblea de Madrid, el equivalente a una proposición no de ley para que se debata con urgencia la necesidad de crear un plan contra el racismo en la Comunidad de Madrid contra el odio y la intolerancia. Es algo que tenemos pendiente desde mediados de los años 90», ha explicado Escudero. La ONG constata que no hay relación directa entre ser mena y ser delincuente. El informe revela que sólo 12 menores en situación de procesos penales han sido derivados a un centro de reforma en todo 2018, mientras que en lo que llevamos de 2019 el número asciende a 16, lo que representa menos de un 0,01 por ciento. La organización toma como referencia los datos de la Fiscalía, que concluyen que «no hay incremento de criminalidad en este grupo de acogida», según la ONG.

«No son niños problemáticos. Los conflictos vienen con la saturación de los centros, cuando tienen capacidad para 35 personas y conviven cien. Luego, si con 18 años te ves en la calle sin nada, al final malvives, acabas cometiendo pequeños robos, el sistema les empuja hacia la delincuencia», añade Aznar. Según los datos que maneja la ONG, la Comunidad de Madrid declara haber atendido este año a 1.113 menores dentro del sistema de protección a la infancia, una cifra inferior a la de 2018, cuando fueron 1.577. Actualmente se encuentran bajo su tutela 641 y ha declarado a 409 «en tránsito», es decir, jóvenes que acuden a un centro de primera acogida y que después la Fiscalía establece que tienen la mayoría de edad después de acreditarlo diversas pruebas médicas. La Red Española de Inmigración lamentó el caso de estos menores «en tránsito» que la Comunidad identifica como a jóvenes que llegan a España solos y a los que se presta servicio pero no se tutela, aunque sea clara su situación de exclusión.