Las protestas contra el Gobierno en Madrid han continuado pese al despliegue policial

El dispositivo organizado por Delegación de Gobierno no ha impedido que los vecinos de la calle Núñez de Balboa, en Madrid, y las vías adyacentes, saliesen a la calle una tarde más para reclamar la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y urgir a poner fin al estado de alarma, un mecanismo que, aseguran, coarta su libertad.

“Libertad” ha sido, sin duda, la consigna más repetida tanto desde los balcones como a pie de calle. En las aceras, los manifestantes se han mantenido en movimiento recorriendo sin parar el largo de la calzada para evitar así volver a casa con una multa por incumplir el Real Decreto.

Decenas de efectivos de la Policía Nacional han velado por que se mantenga el orden y se cumpla la distancia social.

Banderas de España, cacerolas y cucharas para golpearlas han inundado el paisaje.“Hay que poner fin a este Gobierno comunista que ha aprovechado esta crisis sanitaria para acabar con nuestros derechos constitucionales”, ha dicho un hombre a LA RAZÓN.

La mayoría se mostró partidario de que se mantengan medidas de confinamiento, pero siempre bajo criterios estrictamente sanitarios, “no políticos”, tal y como consideran algunos.

Para la mayoría, la única solución es que Sánchez e Iglesias queden apartados de La Moncloa: “Si no, esto será como Venezuela dentro de muy poco”, ha remachado una mujer.

El delegado del Gobierno y secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, ha precisado que el estado de alarma “no impide” las manifestaciones, pero si se cumplen las normas de la alerta sanitaria, como la distancia social.

Igualmente, ha insistido en que la policía “no reprime las manifestaciones ni las caceroladas”, pero sí actuaciones que “atentan contra la salud de los madrileños”.

En este mismo sentido, los principales sindicatos policiales han negado que los agentes estén persiguiendo banderas o que hayan tratado de impedir protestas en los balcones contra el Ejecutivo, como se les ha acusado desde algunos sectores en las redes sociales.

Han defendido, por tanto, las intervenciones ante cualquier concentración que no respete las normas del estado de alarma, como las de la calle Núñez de Balboa de Madrid, o botellones y se han mostrado conformes con el dispositivo que ultima la Delegación. Sin embargo, otros sindicatos han denunciado “órdenes políticas” para actuar contra las personas que se vienen concentrando contra el Gobierno.

Diferente visión de estas protestas han tenido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ambos del PP.

Una irresponsabilidad son estas protestas, "como cualquier otro incumplimiento del estado de alarma, ya sean fiestas, botellones, no cumplir la distancia social o saltarse los horarios", ha dicho el alcalde al defender que cualquier protesta se puede hacer sin vulnerar el estado de alarma, como las caceroladas, recordando la que alentó Podemos contra el rey.

Sin embargo, la presidenta madrileña ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por implantar un mando único "dictatorial" y aprovechar que las familias "están en sus casas" y "no pueden salir libremente a manifestarse, aunque sea un ratito en su propia calle".

En una comparecencia en la Asamblea regional, Díaz Ayuso ha advertido: "Esperen a que la gente salga a la calle, porque lo de Núñez de Balboa será una broma".

También Vox ha respaldado que los españoles salgan a protestar “donde les dé la gana”, ha dicho su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha criticado a Interior por dar instrucciones a la Policía para que “amedrenten” a los vecinos. Y ha recordado que su partido ha convocado el 23 de mayo movilizaciones en capitales de provincia “en vehículos privados”, que es una forma “muy segura y todos somos muy responsables”.

Por parte de Unidas Podemos, el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, ha exigido al alcalde de Madrid que “rectifique” y actúe contra las protestas, a lo que éste le ha recordado que la competencia del orden público es de la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional.

Y desde el punto de vista de la salud pública, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que las manifestaciones "no tienen por qué ser en sí el origen de la transmisión" del coronavirus y que no se las puede atribuir un impacto muy grande sin considerar otras variables.

A su juicio, no se puede atribuir a las manifestaciones, en periodos preepidémicos o a finales de los mismos, “un impacto muy grande” si no se consideran “muchas otras variables”, pero en el periodo pico ha avisado que cualquier contacto social es “un riesgo importante de transmisión”.