Ayuntamiento de Madrid

Madrid planta cara a los okupas y reforzará la vigilancia del patrimonio municipal

El Ayuntamiento invertirá 1,4 millones de euros y existirán tres categorías de vigilancia

Edificio okupado en la calle Ánade 10, en Carabanchel por un colectivo social
Edificio okupado en la calle Ánade 10, en Carabanchel por un colectivo socialCipriano Pastrano DelgadoLa Razón

Dentro del “plan antiokupación” puesto en marcha el pasado mes de julio por el Ayuntamiento, el equipo de Gobierno presidido por José Luis Martínez-Almeida reforzará ahora la vigilancia del suelo municipal. Así lo ha anunciado esta mañana el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. “Aunque algunos se empeñan en no reconocerlo, el problema de la okupación afecta cada vez a más madrileños. No solo por viviendas okupadas, sino de edificios en su totalidad, naves industriales y, en general, el mal uso de solares municipales. La noticia no es el contrato. La noticia es por qué no se había afirmado antes este contrato”, ha afirmado Fuentes.

De esta forma, el Consistorio de la capital invertirá 1,4 millones de euros en los próximos tres años para reforzar la seguridad. Tal y como ha detallado Fuentes, se trata de “un sistema de vigilancia global para aquellos edificios con mayor riesgo”. Así, en algunos casos gozarán de una “vigilancia permanente”; en otros no será permanente, pero sí “dinámica”; y el resto contará con un sistema de alarma, de forma que acudirá hasta allí un servicio de vigilancia específico ante cualquier sospecha.

“Queremos darle una vigilancia oportuna al patrimonio del suelo y evitar así los problemas que nos estamos encontrando”, ha asegurado Fuentes. De todos los casos de okupación que en estos momentos están localizados en Madrid, el delegado ha señalado el de la calle Grilo número 8, en el distrito Centro. Un edificio destinado para la construcción de un centro de salud y que, a día de hoy, el Ayuntamiento no puede acometer, pese a que acudido a los tribunales para lograr su desalojo.