La Asamblea de Madrid aprobará un doble «veto» a la Ley Celaá

PP y Cs están dispuestos a hacer un frente común contra la «Ley Celaá» desde la Asamblea de Madrid. Las dos formaciones políticas rechazan una norma que elimina el castellano como lengua vehicular de la educación, que asfixia a la concertada al tratar de garantizar el derecho a la educación con la educación pública como vertebradora del sistema, y que puede poner en peligro la supervivencia de la educación especial al tratar que todos estos alumnos vayan a centros ordinarios.

De momento, el próximo jueves se debaten dos iniciativas en este mismo sentido: una del Grupo Parlamentario Popular y otra de Cs. La de los populares pide solicitar al Gobierno de España paralizar la tramitación de la Lomloe para que la comunidad educativa participe en el diseño de un proyecto de Ley Orgánica, a través de comparecencias de expertos educativos y sectores implicados. Y es que, precisamente, éste ha sido uno de los puntos más criticados de la tramitación de la Ley orgánica, que ahora está en el Senado.

En lo que concierne al castellano, los populares piden al Gobierno «velar por la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, de sus derechos lingüísticos y, en particular, de recibir enseñanza en castellano como lengua vehicular».

El portavoz del GPP, Alfonso Serrano, ha señalado que «cuesta creer que diputados, cargos y simpatizantes socialistas en Alcalá, Getafe o Alcorcón, compartan que su partido quiera arrinconar el español de la aulas».

Serrano considera primordial también «retirar la Disposición Adicional Cuarta de la Lomloe», relativa a la educación especial, de manera que se garantice que «los centros específicos de Educación Especial podrán seguir escolarizando a los alumnos de todos los perfiles educativos que actualmente reciben, porque las familias lo tienen claro y si según el PSOE no les afecta, que lo borren».

Los populares también pretenden «ampliar hasta el final del curso 2020/21 la financiación extraordinaria a la Comunidad de Madrid para la puesta en marcha en los centros educativos de medidas de refuerzo frente a la COVID-19, como la contratación de docentes y el suministro de material de seguridad e higiene».

Serrano ha explicado que «desde que en el mes de marzo el Consejo de Ministros dio luz verde a su proyecto de nueva ley educativa socialista, la Lomloe, hemos asistido a una tramitación acelerada para una ley que llega en un momento inédito y excepcional en España, inmersa en una pandemia que ha transformado definitivamente las necesidades educativas». Además, ha lamentado que sea «la primera vez en la democracia que la tramitación de una ley de educación no permite la participación de la comunidad educativa: expertos en materia educativa, docentes y familias, con ello, el Gobierno de Sánchez e Iglesias ha dado un paso más hacia el autoritarismo, amordazando a la comunidad educativa».

“En contra de la jurisprudencia”

En la misma línea que el PP, Cs quiere que el Gobierno de Pedro Sánchez retire la «Ley Celaá». La formación naranja ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional el proyecto de ley que elimina que el castellano sea lengua vehicular en la educación, pero en Madrid también está dispuesta a dar la batalla política. Su portavoz en la Asamblea, César Zafra, también ha presentado una proposición no de ley en la misma línea que la del PP, con lo que habrá un debate acumulado en el pleno del próximo jueves de las dos iniciativas parlamentarias. Los naranjas piden que la Cámara de Vallecas inste al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que a su vez se dirija al Gobierno de la nación y le exija que mantenga la referencia al castellano como lengua vehicular en la ley de Educación en la ley educativa porque «va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional».

La iniciativa, recuerda la jurisprudencia que avala al español, después de que los tribunales se hayan pronunciado en varias ocasiones sobre esta cuestión, como la sentencia de 31/2006, la cual afirma que «el castellano no pude dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza». Además, Cs asegura que «atentaría contra la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de junio de 2019, en la que, reproduciendo criterios anteriores, y ateniéndose a la misma línea que el Tribunal Constitucional, indicaba que «sin perjuicio del mantenimiento del catalán como centro de gravedad del sistema, se haga efectiva la presencia vehicular del castellano, en una proporción razonable», y que, «no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia de la obligada utilización del castellano como lengua vehicular».

Es por esto por lo que cree que la reforma que se plantea «supone una vulneración de la Constitución y de los derechos de los ciudadanos españoles, todos ellos castellanohablantes, sin perjuicio de que lo sean, además, de otras lenguas cooficiales reconocidas por el ordenamiento jurídico, atentando gravemente contra principios constitucionales como la libertad y la igualdad».