Así operaba la red que “falsificó” más de 40 accidentes de tráfico en Madrid

El método era tan sencillo como eficaz: básicamente, incorporar víctimas falsas de accidentes de tráfico a los expedientes de una compañía aseguradora, de modo que cobraran la correspondiente indemnización. Y decimos eficaz porque esta red acusada de fraude, falsedad documental, intrusismo y blanqueo de capitales habría obtenido más de 1,2 millones de euros después de alterar 41 expedientes entre los años 2019 y 2020.

Más de 30 personas pertenecían a esta red, todas ellas detenidas por la Policía Nacional. La inmensa mayoría en la localidad de Getafe, además de dos en Madrid capital y otra en Murcia. Del mismo modo, se han identificado a 43 personas como presuntas víctimas falsas, algunas de ellas menores de edad.

La trama parte de la empleada de la aseguradora afectada. De hecho, fue la propia empresa quien interpuso la denuncia, después de detectar una serie de irregularidades en los expedientes que esta persona tramitaba. Gracias al cargo que desempeñaba en la aseguradora, la sospechosa fue introduciendo en los aplicativos a personas que se hacían pasar por presuntas víctimas de accidentes de tráfico, las cuales cedieron sus datos bancarios y de identidad.

Facturas falsas

Para sortear los controles internos de la compañía, la ahora detenida incorporó documentos falsos de todo tipo en los expedientes: desde partes médicos hasta atestados policiales, pasando por facturas de servicios de fisioterapeutas, entre otros.

De hecho, para justificar los servicios de fisioterapeuta, contactó con el otro principal investigado de la trama, que emitió a su nombre numerosas facturas, presuntamente falsas, que fueron incorporadas en los expedientes tramitados por la empleada. Ambos, según las pesquisas de la Policía Nacional, habrían ideado la trama defraudadora, y fueron ellos mismos quienes se dedicaron a captar a las víctimas falsas de los accidentes.

Durante la operación, bautizada por los agentes como «Claudia», se han realizado tres entradas y registros en domicilios, dos de ellas en Madrid y una tercera en la localidad madrileña de Morata de Tajuña. En total se intervinieron 8.995 euros en efectivo, teléfonos móviles, equipos informáticos y documentación, que serán ahora detenidamente estudiados.