Ayuso activa este jueves el blindaje de Madrid frente a la Ley Celaá

La Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, aprobada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, afronta esta semana su último trámite antes de entrar en vigor. En el reinicio de la actividad parlamentaria en la Asamblea de Vallecas, se someterá a votación. Contará con el apoyo de la mayoría absoluta de la cámara (PP y Vox). Nace frente a la amenaza que supone la Ley Celaá. Se trata de la segunda ley educativa en la Comunidad de Madrid tras la aprobación en 2010 de la Ley de Autoridad del Profesorado. «Es la manera de blindar los mimbres que han hecho que el sistema educativo madrileño sea un éxito», asegura a LA RAZÓN el consejero educativo y portavoz del Ejecutivo regional, Enrique Ossorio.

Libertad de elección de centro. En la última modificación del decreto de Libertad de Elección de Centro del pasado diciembre, la Comunidad de Madrid adaptó al nuevo sistema de puntuación de los diferentes criterios de admisión indicado en la LOMLOE, manteniendo en vigor la zona única en cada municipio para favorecer el principio de elección de centros educativos que contempla la Ley Maestra. El Gobierno regional ha primado otras circunstancias, como el tener hermanos en el mismo colegio o el agrupamiento familiar.

Educación especial.Se regula la normalización, inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso a la permanencia en el sistema educativo para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Esta escolarización se revisará de forma continua para que en cada momento se cuente con el entorno educativo más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno. Se garantiza así en la región la continuidad de los centros de Educación Especial en la Comunidad de Madrid, pese a la ley educativa estatal.

Esfuerzo. «Frente a la premisa de la LOMLOE de promover la titulación y la promoción con suspensos, la Ley Maestra apuesta por el esfuerzo para lo que promueve la realización de pruebas externas que fomenten la calidad», destaca Ossorio. Además, la normativa madrileña garantiza el derecho a recibir las enseñanzas en español, como lengua oficial y vehicular de España.

Educación concertada. Garantiza las plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos y privados concertados e incluyendo el concepto de demanda social. Este concepto queda excluido en la Ley Celaá, que pone en peligro la libertad de las familias madrileñas a elegir este tipo de educación. Para ello, la Comunidad de Madrid ya aprobó en 2020 ampliar de seis a diez años la duración de los conciertos educativos, que es la duración de la educación obligatoria. La Ley Maestra garantiza la existencia de plazas suficientes en las enseñanzas declaradas como obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de plazas escolares de los centros sostenidos con fondos públicos y la demanda social, concepto que ha quedado excluido en la LOMLOE. En este sentido, la ley educativa madrileña permite convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional. Para ello, el Gobierno presidido por Ayuso colaborará con los ayuntamientos para garantizar la libertad de elección de la educación ya sea en centros públicos, privados o concertados.