Se anula el desahucio de una mujer después de que su casero intentase obligarle a pagar un recibo de agua fraudulento y desorbitado

Según la sentencia de 26 de noviembre de 2024, la inquilina devolvió en mayo un recibo de 895,71 euros, de los que 562,13 euros correspondían a un consumo de agua veinte veces superior al importe habitual.

El casero consideró que ese impago justificaba la resolución del contrato, mientras que la inquilina alegó que nunca dejó de querer pagar, sino que pidió explicaciones por la factura y un número de cuenta para transferir el dinero, sin recibir respuesta del propietario.

En primera instancia, el Juzgado de Madrid nº 18 desestimó la demanda de desahucio, entendiendo que existía voluntad real de pago; sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid revocó el fallo argumentando que la discrepancia de la inquilina con la factura del agua no la eximía de pagar.

El Supremo detecta mala fe y anula el desahucio

El Tribunal Supremo ha anulado la resolución de la Audiencia y ha dado la razón a la inquilina, apoyándose en el artículo 1258 del Código Civil, que impone a las partes actuar conforme a la buena fe y colaborar en la ejecución de los contratos. El alto tribunal subraya que el propietario incurrió en mora accipiendi, es decir, mora del acreedor, al no facilitar los medios necesarios para cumplir la obligación.

Según el fallo, el arrendador retiró la domiciliación bancaria, no ofreció un número de cuenta alternativo ni aceptó el pago en sus oficinas, pese a que la inquilina se presentó personalmente. Además, recordó que la arrendataria consignó judicialmente 924 euros, prueba suficiente de su intención inequívoca de pagar. Con estos argumentos, el tribunal concluyó que no existió un impago con entidad resolutoria y que el casero actuó contra la buena fe contractual al intentar forzar el incumplimiento. En consecuencia, se anuló el desahucio, manteniéndose en vigor el contrato de alquiler.