Operación "Piojo"

La concejala de Vox de Parla era cabecilla de un entramado de venta de cocaína

La Policía asegura que tenía en su casa un sistema para cultivar 5.000 plantas de marihuana

La concejal de Parla y número tres por la lista de Vox al Ayuntamiento de la localidad madrileña, Ana González Martínez, de 38 años, en prisión sin fianza y acusada de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, contaba en su domicilio de la localidad de Yeles, en Toledo, con todo un sistema preparado para el cultivo de marihuana (lámparas, ventiladores...).

Cuando la Policía realizó un registro en el domicilio que compartía con su marido, militar de profesión, en esta localidad, constató que disponía de todo un sistema preparado para cultivar unas 5.000 plantas que había sido desmantelado recientemente. De hecho, los agentes pudieron comprobar que la instalación estaba preparada con idea de defraudar el suministro eléctrico, tal y como informaron a LA RAZÓN fuentes policiales.

Según las pesquisas policiales, González, diplomada en Empresariales, desempeñaba su labor como concejala en el Ayuntamiento de Parla, por la que cobraba un salario bruto anual de 21.494,90 euros, a la vez que era responsable de calidad, de RRHH y de compras en Mecanizados Flomar S.L., según figura en el portal de Transparencia del Ayuntamiento. Todo ello lo compatibilizaba, a su vez, supuestamente, con su actividad en un entramado criminal dedicado a la venta y distribución a pequeña y mediana escala de cocaína.

En el marco de la "operación Piojo", cuatro personas han sido detenidas como presuntas autoras de los delitos de tráfico drogas, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico, pero solo la concejala y su marido se encuentran en prisión. Se da la circunstancia de que su esposo, es militar de la Guardia Real con graduación de cabo. Se encuentra en excedencia y dado de alta como autónomo. Figura contratado por las empresas de su mujer, según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes bien informadas.

En los registros realizados se intervinieron armas blancas y de fuego además de sistemas de videovigilancia y transmisiones que utilizaban para eludir la acción policial. También se incautaron cocaína, marihuana, dinero en efectivo teléfonos móviles y diversos útiles para la elaboración y venta de dichas sustancias, tal y como ha detallado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

La Policía hacía meses que la seguía la pista. De hecho, las pesquisas se iniciaron en diciembre pasado cuando detectó a una pareja que se dedicaba a la venta de drogas en Yeles (Toledo). «Las primeras indagaciones permitieron averiguar que realizaban parte de su vida social en la localidad madrileña de Parla donde también distribuían la droga. Además, esta pareja contaba con varias sociedades que les permitían aparentar normalidad y con la que ocultaba su actividad ilícita», detalla la Policía.

Su función consistía en la adquisición de cocaína y luego la facilitaban a otros narcotraficantes que se encargaban de distribuir en pequeños puntos de Madrid y Toledo. Los agentes averiguaron que distribuían la droga a cualquier hora del día y todos los días de la semana a diferentes puntos de la capital así como a otras localidades de Madrid y Toledo.

Uno de los detenidos era el que se encargaba de trasladar la cocaína, que almacenaba y adulteraba en su domicilio. Incluso utilizaba cuatro vehículos diferentes para dificultar el seguimiento policial. La concejala de Vox se encargaba de realizar funciones de vigilancia y de todo lo que tenía que ver con las sociedades mercantiles. La Policía investiga ahora si, a través de ellas, blanqueaban los beneficios obtenidos de la actividad ilícita.

Según ha detallado la Policía, tras las entradas y registros, coordinadas por el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Illescas (Toledo), se incautaron cocaína, marihuana, armas blancas y de fuego, cartuchos, dinero en efectivo, terminales móviles y útiles para la distribución de la droga.

Además, en las naves de su propiedad contaban con puertas de acceso fortificadas y perros de presa así como sistemas de videovigilancia y de transmisiones para tratar de esquivar a la Policía.

A día de hoy, de los cuatro detenidos, solo están en prisión los que se consideran principales responsables: la candidata de Vox y su marido. La investigación, no obstante, continúa abierta hasta que se esclarezcan la totalidad de los hechos.

La detención se produjo el pasado jueves, justamente coincidiendo con el día en que se celebraba pleno. Ana González, de hecho, ya no acudió a la sesión. Vox Parla, en su página de Facebook en la que publicita su candidatura, ha retirado el cartel en el que figura como número tres de la lista.

La presidenta de Vox Rocío Monasterio, ha pedido que se respete la presunción de inocencia y, si se confirman los hechos, «espero que entregue el acta», sentenció en la Pradera de San Isidro.

Desavenencias con otra concejala

►La concejala de Vox ahora en prisión también se vio involucrada en desavenencias con otra compañera de partido y ex concejala que finalmente decidió renunciar como concejala del grupo municipal y pasarse al de ediles No Adscritos tras asegurar que había vivido «un infierno» en el grupo municipal. Se trataba de Esther Álvarez, quien en 2020 manifestó sentirse «arrinconada» y «apartada» en la toma de decisiones del grupo. Tal y como informó en su día Noticias para Municipios, Esther Álvarez, que ocupaba el número dos de la lista y que hacía funciones de tesorera, denunció haber padecido de manera «sistemática un arrinconamiento doloso y aislamiento generalizado» en el Grupo para no dejarla hacer sus funciones.